55 % Considera que el Gobierno hizo mal trabajo en seguridad ciudadana

Más de la mitad de la población encuestada considera que el Gobierno ha fallado en seguridad ciudadana

La más reciente encuesta Gallup RD deja una señal clara y difícil de seguir ignorando: la seguridad ciudadana sigue siendo, a seis años de promesas incumplidas, una deuda social y una de las principales debilidades de la actual gestión gubernamental.

El gráfico de evaluación del Gobierno de Luis Abinader en diferentes áreas muestra que un 55 % de la población considera que se ha hecho un mal trabajo en seguridad ciudadana, mientras apenas un 39 % entiende que se ha realizado una buena gestión. Esta cifra coloca a la seguridad como una de las tres peores calificaciones de toda la administración, solo superada por la reducción de la pobreza —que alcanza un 64.5 % de evaluación negativa— y el control de la deuda pública.

Este dato no sorprende; simplemente confirma lo que la ciudadanía viene diciendo y sintiendo desde hace años. La seguridad no se mide en ruedas de prensa ni en estadísticas cuidadosamente seleccionadas. La seguridad se mide en la calle, en el miedo de una madre cuando su hijo no ha llegado a casa, en el comerciante que cierra temprano por temor, en el ciudadano que evita transitar por determinados sectores y en la familia que ha tenido que sustituir la confianza en el Estado por gastos en seguridad privada.

Pese a los anuncios oficiales de todas las semanas, las reuniones semanales de la Fuerza de Tarea Conjunta, los operativos y los discursos institucionales, la percepción ciudadana sigue siendo profundamente negativa. Eso ocurre porque la población no evalúa promesas, evalúa el día a día que vive en las calles.

La inseguridad sigue siendo uno de los principales factores que condicionan la vida cotidiana en la República Dominicana. La encuesta Gallup no hace más que reflejar lo que se vive en la calle y lo que el Ministerio de Interior y Policía no ha podido resolver en casi seis años: una sensación persistente de vulnerabilidad, desprotección y ausencia de control territorial.

No es la primera vez que la seguridad aparece entre los primeros lugares de preocupación nacional ni entre las peores valoraciones de la gestión pública. Esto demuestra que no estamos ante un problema coyuntural, sino frente a una falla estructural de conducción política.

La seguridad aparece entre las principales debilidades del Gobierno porque no se ha logrado consolidar una verdadera política pública integral. Se han invertido cientos de millones de pesos en programas, reformas y operativos, pero el problema persiste porque no se ha atacado la raíz.

No se han construido políticas públicas sostenidas ni se ha consultado a la sociedad para identificar con precisión qué afecta más a cada territorio. No existe una estrategia nacional basada en diagnósticos claros, inteligencia criminal, prevención territorial y datos medibles.

Se ha gobernado con improvisación, y la improvisación en seguridad siempre termina siendo costosa. Cuando no hay planificación, lo que crece no es la confianza ciudadana, sino la percepción de abandono.

La seguridad no puede depender del criterio personal, de la intuición o del humor del ministro de turno. Tampoco puede sostenerse en soluciones mediáticas o populistas que buscan titulares rápidos, pero no resultados duraderos.

El problema debe enfrentarse atacando directamente las causas ampliamente identificadas en los diagnósticos técnicos realizados durante años: debilidad institucional, deterioro de los destacamentos, ausencia de control territorial, baja capacidad investigativa, falta de prevención social y escasa articulación entre las instituciones responsables.

Se necesita una política de Estado, no un plan coyuntural que es lo que hemos visto en estos últimos años.