Matías Bosch, primer vicepresidente
Por Matías Bosch
El 24 de abril de 1965 se desataba en Santo Domingo, la capital de la República Dominicana, una insurrección militar y popular que exigía el retorno del gobierno legítimo y la constitucionalidad democrática. En un país que había padecido entre 1916 y 1924 la ocupación norteamericana y entre 1930 y 1961 la horrenda tiranía de Rafael Leonidas Trujillo, amo y señor del país, ocurría lo que en ninguna otra nación de América Latina parecía posible.
En apenas tres días, Santo Domingo había conocido la pasión y la furia de hombres y mujeres movidos por el ideal de rescatar y defender la democracia y la soberanía popular, frente a «gorilas» y poderosos.
La conocida «batalla del Puente Duarte», que neutralizó el intento de las fuerzas golpistas de tomar control de la ciudad capital, dio a los y las constitucionalistas una fuerza moral impresionante mientras que causó el efecto totalmente contrario en sus adversarios: soldados diezmados por las bajas, pero también por la desmoralización de estar peleando por su sueldo, bajo las órdenes de rufianes en los que no creían, ni como comandantes ni como buenos dominicanos.
El 27 de abril de 1965 ya no quedaba nada del gobierno golpista («Triunvirato») presidido por Donald Reid Cabral, ni había en el horizonte quien pudiera detener la victoria popular, impulsada por aquello que Ernesto «Che» Guevara llamaba el factor «X»: la fuerza moral y emocional de un colectivo en lucha.
La «junta militar» estaba en el suelo y con notorios conflictos entre los jefes contrarrevolucionarios. En ausencia de los líderes iniciales de la rebelión, los combatientes se aglutinaban en torno a Francisco Alberto Caamaño, quien poco tiempo atrás era conocido como un joven comandante de las fuerzas represivas de la policía y ahora se erguía como jefe de la lucha más hermosa en un siglo de Historia nacional.
Pero aún faltaba por entrar en juego un elemento, sin duda desequilibrante, al que echaron mano los militares «gorilas» y los políticos traidores. La embajada de Estados Unidos en Santo Domingo y la CIA habían estado dando todo el apoyo que podían a los golpistas de 1963 en esa lucha en la que vencía el Pueblo dominicano.
El presidente Johnson y su staff supervisaban directamente el curso de los acontecimientos, aunque al principio les fuera difícil prestar la debida atención por estar involucrados de lleno de los asuntos de la invasión a Vietnam. Ese comportamiento fue variando con las noticias que llegaban desde Santo Domingo, anunciando la supuesta infiltración y creciente liderazgo del «castro-comunismo» en la rebelión que miraban, pero no aceptaban, ni podían ni querían comprender.
El 28 de abril de 1965, a las 6:53 pm, la jefatura de la avanzada naval que EE.UU. tenía frente a las costas dominicanas recibió la orden de iniciar el despliegue de los primeros 500 hombres. El presidente Johnson habló en cadena nacional para explicar que se trataba de una solicitud de la «junta militar dominicana» para proteger la vida de ciudadanos estadounidenses en el país caribeño.
Menos de dos semanas después ya habían desembarcado en suelo dominicano 23 mil hombres de los Estados Unidos liderando una «Fuerza Interamericana de Paz» creada oportunamente por la OEA con la participación de los gobiernos dictatoriales de Honduras, El Salvador, Nicaragua, Brasil y Paraguay, además de Costa Rica que «aportó» 21 hombres.
Los Estados miembros de la OEA, encabezados por Estados Unidos, votaron a favor. Tan sólo Chile, Ecuador, México, Perú y Uruguay se opusieron a aquel burdo teatro, más la abstención de Venezuela. Con el alegato de asegurar la «paz» e impedir una “expansión del comunismo”, Estados Unidos, líder de la democracia y el «mundo libre», ponía la bota militar encima de un país pequeño donde los ciudadanos y los mejores oficiales de las Fuerzas Armadas y la Policía se habían levantado precisamente para defender la democracia, el gobierno electo y la Constitución legítima.
Durante cuatro meses las fuerzas rebeldes dominicanas resistieron heroicamente la embestida de la potencia militar más grande de la Tierra y, además, del genocida «Gobierno de Reconstrucción Nacional» creado por los invasores, encabezado por el supuesto “héroe nacional” ya fallecido, Antonio Imbert Barrera.
51 años más tarde, el gobierno dominicano, en ocasión de celebrarse la Asamblea General de la OEA en Santo Domingo, exhortó a una declaración de “desagravio” por parte del organismo regional. Según consta en la prensa, “la declaración, aprobada con el número AG/CG/ 7/16, contiene tres puntos: 1) Lamenta la pérdida de vidas humanas y expresa las condolencias de la organización al pueblo dominicano; 2) Desagravia al pueblo dominicano por las acciones de Abril de 1965 que interrumpieron el proceso de restablecimiento del orden constitucional en la República Dominicana; y 3) Reafirma los principios del derecho internacional, de la Carta de las Naciones Unidas y de la Carta de la OEA”.
Esta resolución no es del todo una novedad. En un discurso pronunciado el 18 de agosto de 2015 en la propia ciudad de Santo Domingo, Luis Almagro, secretario general de la OEA, dijo: “como Secretario General de la OEA deploro los actos de la Organización que validaron en 1965 la invasión a República Dominicana y la intervención en este país, torciendo el camino soberano elegido por su pueblo. Nuestro respeto y nuestra congoja por las víctimas que sufriera República Dominicana de la invasión validada internacionalmente por la OEA y por la intervención que esta aprobara.
La historia condena a la OEA por estas víctimas. Este pasado condena a la OEA por haber intervenido torciendo la historia y el destino político soberano de la República Dominicana”.
Si la resolución no es una novedad por parte del organismo continental, que a través de su secretario general ya deploró los desmanes de 1965 y pidió perdón por ellos, tampoco es una novedad -aunque sea plausible acto de virtud- de parte del Estado dominicano ni de su clase política, que tendrían que ir mucho más lejos de lo que ya ha hecho la OEA, por elemental sentido de responsabilidad y deber moral.
Por mucho que la OEA sea importante, es un organismo supeditado a los Estados, fundamentalmente a la mayor potencia económica y militar de la Tierra, que la aloja y la financia de manera principal. La OEA es instrumento y mandataria, no responsable en última instancia de aquello a que sirve y ha sido funcional.
Es Estados Unidos a quien debe reclamarse una petición pública de perdón por haber invadido República Dominicana a partir de las 6:53 pm del 28 de abril de 1965, cuando comenzó la más brutal de las acciones militares cometidas en el siglo XX contra país latinoamericano alguno.
Son también Honduras, El Salvador, Nicaragua, Brasil y Paraguay, además de Costa Rica a quienes debe reclamarse disculpas públicas por haber formado parte de la maléfica FIP, mientras que debe honrarse y agradecerse a Chile, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela por no haberse prestado para tal monstruosidad.
Y son el Estado dominicano y la clase política que aplaude hoy de pie este discurso y esta resolución, quienes más deben desagraviar, pedir perdón y reparar el abuso y el crimen gigante que se cometió.
Deben hacerlo otorgando a los veteranos y veteranas constitucionalistas de 1965 la vejez digna que merecen, después de 51 años de espera, y tantos y tantas haber muerto abandonados en la enfermedad y en la miseria más infame.
Deben hacerlo exaltando, como se merecen, tratando con la dignidad del caso, a tantos mártires de Abril enterrados en tumbas destruidas, abandonadas, como si se tratase de hombres y mujeres sin deudos ni agradecimientos merecidos. Deben hacerlo sustituyendo en calles, plazas y avenidas los homenajes a tantos traidores, déspotas y asesinos.
Deben hacerlo quitando del Palacio Nacional las fotos de Donald Reid Cabral y Antonio Imbert Barrera, situados hoy en el mismo sitial de expresidentes constitucionales con que se honra a Francisco Alberto Caamaño y a Juan Bosch.
Deben hacerlo rompiendo, de una vez, con los responsables políticos y militares vivos y muertos -desde Balaguer a Ramiro Matos- que fueron parte del asesinato de la democracia desde el golpe de Estado de 1963 hasta los bárbaros 12 años de dictadura entre 1966 y 1978.
Deben hacerlo hallando y persiguiendo a los responsables de las desapariciones y ejecuciones ocurridas en el país, la última en 1994, la de Narciso González, “Narcisazo”. Mientras los asesinados y desaparecidos siguen sin justicia, en este país TODOS los culpables de 1963, 1965 y los Doce Años han vivido en paz y tranquilidad, disfrutando honores y han muerto en su cama.
Deben hacerlo reparando oportunamente, de manera simbólica y de manera material a las víctimas del “gobierno de reconstrucción nacional” que, bajo el mando de Imbert Barrera -hace unos días merecedor de honores de Estado y duelo nacional-, cometió el genocidio brutal en la zona norte de Santo Domingo, sin que aun nadie haya rendido cuentas y ningún acto de reivindicación de los muertos y heridos haya sido hecho. Ni siquiera se sabe cuántos dominicanos perdieron la vida en esa atrocidad.
Deben hacerlo cortando de raíz la relación ignominiosa que ha sostenido la República Dominicana actuando como neocolonia militar, política y financiera de Estados Unidos a lo largo de 51 años, supeditando decisiones y políticas nacionales a la venia, la voz y el voto de la Embajada, la USAID, la DEA, el FBI, la Guardia Costera, los tratados de extradición y el Comando Sur, ejército colonial norteamericano que aún hoy es quien verdaderamente controla y maneja las fronteras terrestre y marítima del país.
En fin: de la OEA se puede esperar todo, que es lo mismo que esperar nada. Hoy la OEA ha sido capaz de decidir por igual en esta Asamblea que hay que investigar la actuación de Almagro por su comportamiento confrontacional frente al gobierno venezolano, como ha aprobado una resolución firmada por 15 delegaciones que le sigue el coro en lo que hace. Se ha votado para sostener una reunión del Consejo Permanente el 21 de junio para validar el camino de diálogo aprobado por ese gobierno, y se ha convocado a otra para dos días más tarde, para apoyar la vía contraria, la de la condena y la presión. La OEA sigue siendo, como dijo Juan Bosch, un organismo que “sobra”, incapaz de contrarrestar el implacable poder de Estados Unidos en su seno… Ese mismo gobierno de Estados Unidos que hace años insiste en defender la democracia y los derechos humanos, el mismo discurso con que invadió República Dominicana, y es el mismo que invadió Iraq en 2003 y Libia en 2011 violando la legalidad internacional que hoy vota por respetar en la resolución sobre Abril de 1965.
Así y todo, la OEA y la delegación de EE.UU. aprobaron el “desagravio” a República Dominicana.
Pero, insistimos: ¿Cuándo va a desagraviar al Pueblo y a la Patria dominicana la clase política nacional? Eso sí que sería toda una novedad.
