El Día 
Para algunos la delincuencia es obra del Código Procesal Penal. Según esas altisonantes voces, el Código es la causa de todos los males de nuestra sociedad.
Si le tomáramos la palabra a quienes así piensan, el Código Procesal Penal es la peor arma de destrucción masiva.
Para estos apocalípticos dicho instrumento normativo es el culpable de una sociedad desigual, discriminatoria, excluyente, empobrecida, carente de institucionalidad, ineducada, permisiva con el crimen de cuello blanco, el cohecho, la prevaricación, el peculado, la impunidad y, en fin, con todo cuanto huela a podredumbre, sobre todo cuando no sea la del Gobierno y sus aliados.
Para estos oráculos hacer política criminal, llevándose de encuentro el estado democrático de derecho, la violencia y el fenómeno criminal no son consecuencia del bajo nivel de prevención ni del minúsculo esfuerzo de persecución y sanción de los principales delitos que, como los cometidos por muchas autoridades gubernamentales, terminan socavando la base institucional y alejan el desarrollo del país. Siempre hay un culpable, pero siempre que no sea la estructura estatal.
En un momento los jueces son los responsables de la delincuencia, en otros el Ministerio Público y ahora el Código. Se quiere imponer una moda que chilla con los derechos fundamentales partiendo de consideraciones puramente subjetivas.
El Código no es perfecto, pero con éste el Ministerio Público y los jueces pueden responder a los reclamos de justicia democrática, pronta y efectiva, debiendo destinar el Estado sus mayores recursos a los hechos que más perjudican a la sociedad, por su magnitud, como los que vemos a diario en el tren administrativo del Estado, con la consecuente secuela de pobreza y mal ejemplo para el cuerpo social.
Elevemos el nivel científico de la discusión. Bajo el viejo Código de Procedimiento Criminal el porcentaje de condena era de alrededor de un 15%, hoy de un 90%.
Las mediciones objetivas son el Verbo, lo demás el Armagedón.
Sigamos por el camino de una justicia ágil, accesible y garante de los derechos de víctimas e imputados no del anticristo antidemocrático que quisiera volver a un código que hacía casi imposible la condena de quienes tienen por patrimonio el Estado.
