Santo Domingo.-A partir de 2018 la población dominicana empezará a percibir los primeros resultados de la aplicación de la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
Así lo afirmó la directora ejecutiva del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Claudia Franchesca de los Santos, quien explicó que dicha ley, como instrumento fundamental para la reorganización del tránsito, tomará tiempo en ser aplicada debido a su amplitud.
La funcionaria indicó que entre los principales objetivos del Intrant para el año 2020 está la reducción de las muertes por accidentes en un 30 % y “entregar a la ciudadanía un transporte de pasajeros eficiente, de calidad y seguro”.
“Esta es una ley amplia y no se podrá aplicar en poco tiempo. Los países que han tenido la experiencia les toma entre seis y diez años poder implementar sus leyes cien por ciento”, dijo la funcionaria.
Dicha meta sería un logro muy deseado, tomando en cuenta que en 2016 se registraron 12,809 accidentes, en los que fallecieron 2,122 personas, para una tasa de 29.3 por cada cien mil habitantes.
Estas cifras colocaron a la República Dominicana como el país más peligroso para circular por carretera.
En el primer trimestre de este año fallecieron 397 personas y resultaron lesionadas 2,625, la mayoría en eventos que involucraron motocicletas, de acuerdo a las estadísticas del Observatorio de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Interior y Policía.
Primera medida: semáforos
La funcionaria dijo que como primeras acciones encaminadas a mejorar el tránsito el Intrant concluyó la semana pasada la remoción, actualización y puesta en operación del centro de control de semáforos, el cual controlará de manera simultánea 269 aparatos colocados en las diferentes intersecciones del polígono central.
Entre las novedades de este proyecto se prevé la inclusión del sistema de multas “foto-rojo”, el cual incorpora una cámara en el semáforo para capturar en una imagen al conductor cuando viola la luz roja.
Con esto se busca disminuir la presencia de agentes de la Autoridad Metropolitana del Transporte (Amet-Digesett) controlando el tránsito, “quienes solo estarán en las vías para fiscalizar y hacer cumplir los lineamientos del Intrant”, indicó la directora.
Otra medida, que ya fue aplicada fue la reducción del tiempo de espera entre el examen teórico y el práctico. Antes se necesitaba esperar 45 días para optar por la licencia de conducir, mientras que ahora esta se puede obtener en 15 días.
Luego de la reducción de ese plazo, De los Santos explicó que la solicitud de expedición de licencias de conducir aumentó de 200 a 400.
Unificación de entidades
Como aspecto importante en el proceso que lleva acabo el Intrant, su directora ejecutiva señaló que existe una labor de consenso, la cual inició con la unificación de cinco instituciones para formar solo una.
“Por primera vez tenemos una sola institución manejando todo el sector. Anteriormente teníamos ocho que normaban de manera diferente, no había coordinación entre ellas y eran parte del caos”, añadió.
De los Santos enfatizó que en procura de conformar un equipo técnico acorde a sus necesidades, el Intrant, a través del Poder Ejecutivo, inició un proceso de selección y evaluación de todo el personal que laboraba en las instituciones que fueron fusionadas.
Reorganizar el transporte
Claudia Franchesca de los Santos manifestó que los planes del Gobierno van encaminados a colectivizar el transporte público de pasajeros a base de autobuses y minibuses, restringiendo la circulación de los carros públicos a las calles periféricas.
“Los planes de movilidad de cualquier país establecen un transporte de pasajeros manejado de forma masiva, donde los vehículos de poca ocupación deben ser restringidos”, dijo.
No obstante, ese proceso será aplicado mediante acuerdos con los dirigentes de los sindicatos y operadores de las diferentes rutas de transporte público, así como organizaciones que agrupan a los taxistas.
Transportistas seguirán con sus rutas
La ingeniera Claudia Franchesca de los Santos explicó que entre las previsiones de la Ley 63-17 se establece que los transportistas deben constituirse en compañías a los fines obtener contratos de rutas con el Intrant.
La funcionaria advirtió que con esto el Estado no pretende despojar a los transportistas de sus rutas, pero para poder seguir operando deben cumplir con la normativa de adquirir los permisos a través de contratos.
Agregó que dicha ley contempla, además, la eliminación de los vehículos del transporte público de pasajeros que no presenten condición para operar, debido a su estado de deterioro, siendo esta la mayor preocupación entre los transportistas.
De los Santos aseguró que desde el Intrant se busca la integración del sector en las diferentes mesas de trabajo, a fin de lograr que los representantes del transporte se involucren en la elaboración de los reglamentos para la aplicación de la Ley 63-17.