Finalmente el Congreso Nacional sacó una Ley de Extinción del Dominio que se apega en gran medida a las observaciones que hacían los expertos para que cumpliera su objetivo sin alejarse de las normas constitucionales.
El Senado de la República acogió las enmiendas que se hicieron por consenso en la Cámara de Diputados y que elimina o arregla los elementos que la hacían chocar con la Constitución de la República.
Se trata de una ley concebida para combatir el crimen organizado, pero que en alguna parte del camino fue politizada a tal nivel que estuvo a punto de perder su esencia.
Ahora falta que la promulgue el Poder Ejecutivo para que entre en vigencia, si es que no encuentra motivos para observarla.
Lo aprobado permitirá, por ejemplo, que el Estado ataque las fortunas que los grandes narcotraficantes logran salvar en territorio nacional luego de negociar penas benignas en Estados Unidos a cambio de informaciones que muchas veces en nada benefician la lucha contra el crimen en República Dominicana.
Tenemos ejemplos de narcotraficantes como los casos de Quirino Ernesto Paulino, Ernesto Guevara Díaz, Antonio del Rosario Puente y otros más que luego de negociar con la justicia norteamericana llegaron al país a estrujarle a la sociedad las fortunas que lograron librar porque no estuvieron consignadas para incautación en las sentencias estadounidenses.
Esa ley aprobada permitirá que en lo adelante el Estado pueda atacar las fortunas de demostrado origen criminal.
Igual pasará con los crímenes de cuello blanco.
En lo adelante corresponde darle uso adecuado a esa ley, luego de que entre en vigencia.