Se ha convertido en una práctica normal que agentes de la Policía que patrullan en las calles quieran revisar el interior de los vehículos y hasta exigen la entrega de documentos a conductores, sin previamente disponer de un mandato de una autoridad competente.
Esto viene a colación porque hay preocupación entre muchas personas ante inconvenientes que pudieran sufrir por esa acción por parte de los agentes policiales, quienes casi siempre no cuentan con una orden de un juez competente para violentar la privacidad de los ciudadanos propietarios de los vehículos que son requisados.
Esta situación crea inseguridad entre los ciudadanos.
