Sigo sin comprender, ni un ápice, cómo los organismos del Estado no se ponen de acuerdo en cuestiones fundamentales.

Y es que no se concibe que el Ministerio de Deportes hace unos dos años envió a la Justicia un expediente bien fundamentado sobre la invasión de terrenos en el complejo La Barranquita de Santiago, pero hasta el momento, que se sepa, el Ministerio Público no ha tomado cartas en el asunto.

Por lo menos públicamente no ha dicho ni “esta boca es mía”, aunque sea para mantener entretenido al núcleo poblacional que exige una explicación al respecto. ¿Y es que todavía en nuestro país las propiedades del Estado siguen siendo como un chivo en la sabana, donde cualquiera puede disponer de ellas?

No se explica que sea la Justicia la que por inacción deje que propiedades valiosas como las de ese complejo estén en manos de particulares, en perjuicio de una juventud que necesita de esos espacios.

Y fue precisamente una institución gubernamental, Bienes Nacionales, la que, sin estar avalada por el Congreso, traspasó varios lotes por una “bagatela”. Si eso ocurre con un complejo de la importancia de La Barranquita, ¿qué no sucederá con otras que no están en la mira de la sociedad?