El pasado lunes el Gobierno dio desde el Palacio Nacional detalles de la reforma fiscal mientras desde el Salón de la Asamblea Nacional, en el Centro de los Héroes, senadores y diputados en función de asambleístas avanzaban sobre la reforma de la Constitución de la República a tal ritmo que al día siguiente pudieron concluir con la aprobación del proyecto en primera lectura.
Al día siguiente —martes de esta semana— el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, depositaba en manos del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, el proyecto de ley de Modernización Fiscal.
Ayer tocó el turno al proyecto de ley de reforma laboral, entregado por el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, en manos del presidente del Senado, Ricardo de los Santos.
El proyecto de reforma de la Constitución, a la espera de la segunda lectura, es de un marcado perfil político, un área de la vida nacional caracterizada por la ausencia de grandes conflictos y crisis en tres décadas consecutivas.
Lo mismo puede decirse de los ámbitos social y laboral, a los que tocan dos de los tres grandes proyectos puestos por el Poder Ejecutivo en el Congreso Nacional.
Pero contrario al de la política, estos dos campos carecen de interlocutores para el caso de dificultades mayores.
Con esta premisa a la vista, tanto los comisionados como los líderes en el Congreso Nacional harían bien en valorar los intereses de los sectores que desde este momento han mostrado preocupación por los efectos que pudieran tener ambos proyectos —el fiscal y el laboral— en los planos social y económico.
El presidente de los diputados, el señor Pacheco, ha anunciado su buena disposición para escuchar puntos de vista.
Con una actitud como la suya podemos avanzar y sortear dificultades.
