Ana María, enferma con el síndrome de Down y violada contra su voluntad por un perverso irresponsable, fue obligada a parir porque los médicos se negaron a practicarle un aborto terapéutico por temor a las sanciones penales.
La triste historia de esta muchacha circula por internet y es muy probable que ya todo el mundo la haya visto. Pero no puedo dejar de consignar mi perturbación ante un hecho tan desgraciado, que puede ser presentado como un icono de lo que puede llegar a significar la reciente aprobación del famoso artículo 30 de la nueva Constitución.
La prohibición del aborto, sin que se tome en cuenta cuáles fueran las circunstancias de cada caso que se presente, nos lleva a extremos injustificables, como el ejemplo de aquella mujer a quien identificamos como Ana María y la criatura que trajo al mundo, muy probablemente aquejada también de males mayores y permanentes.
En la Constitución nueva se impusieron muchos criterios dudosos como consecuencia de arreglos secretos y concesiones políticas entre partidos y políticos que solo buscaban ventajas de grupos o personales. Una de esas negociaciones versó precisamente sobre la vida y la muerte, como si los señores asambleístas fueran dioses o semidioses para legislar sobre el tema. Por eso muchos están convencidos de que esta nueva Carta Magna tendrá que ser revisada prontamente.
De seguro que hay muchas Ana María que no han salido a la publicidad, ni saldrán. Pero el hecho de que permanezcan en el anonimato no le resta crueldad ni absurdidad al asunto.