Los partidos mayoritarios presentan a sus electores los que consideran sus mejores candidatos a los puestos electivos. Los candidatos, en su inmensa mayoría, surgieron de procesos electorales internos. Otros resultaron favorecidos por acuerdos y conciertos de alianzas entre una o varias organizaciones.
Lo cierto es que también una inmensa mayoría de esos candidatos tiene muchas posiciones importantes en el Estado. Son funcionarios, legisladores, síndicos y regidores. En otras palabras, todos, no importa la parcela política de donde sean originarios, manejan o están cerca de gente que administra fondos públicos.
Está la ley que presiona para que muchos funcionarios tomen licencia y abandonen, al menos temporalmente, la incidencia o los entornos donde se mueven, y esto, a su vez, incida en que no puedan acceder fácilmente a los fondos públicos.
No obstante, son muy pocos los funcionarios que hasta ahora han tomado licencia. La Junta Central Electoral ha dicho, a través de sus voceros, que hará una publicación con los nombres de los funcionarios que corren a cargos electivos y que no están amparados por una carta de licencia.
La pregunta es, ¿qué hará la Junta Central Electoral ante aquellos casos, la inmensa mayoría, que no cumpla con el depósito de su licencia? Se trata, como muy bien se ha dicho, de una sanción moral. La otra pregunta es, ¿qué se puede esperar de nuestros candidatos y futuros legisladores o síndicos y regidores, si antes de ser electos se presentan como flagrantes violadores de la ley? Esperemos, al menos, la sanción moral que vendrá.
leídas
