World Vision impulsa nuevos pasos tras la Ley de prohibición del matrimonio infantil

Santo Domingo.- Tras la promulgación de La Ley y Decreto1-21 el pasado miércoles, los cuales avalan la eliminación del matrimonio infantil en el país, la organización de ayuda humanitaria World Vision plantea nuevas herramientas que impulsen esta medida desde un enfoque de desarrollo socio-cultural sostenible. 

A través de un comunicado de prensa, la organización orientada a la protección y educación de la niñez, explicó que la aprobación de esta ley es el primer paso y un gran avance para el cuidado de los derechos del niño-a, el cual debe ser reforzado con acciones multisectoriales que incidan al cambio de paradigma desde las bases comunitarias, donde se presentan el mayor número de casos con y sin registro. 

“El matrimonio infantil es una problemática que transciende el plano legal; es una actividad multifactorial y multicausal que produce severos daños físicos y emocionales en la niña, la cual se ve forzada a convertirse en adulta de hecho, aun cuando su edad cronológica y ciclo de vida sugieren otro tipo de deberes y responsabilidades”, enfatiza Johnny Bidó, Asesor Nacional de Protección e Incidencia de World Vision. 

Añade que “estamos frente una sociedad altamente influenciada por patrones patriarcales, donde lo que la comunidad espera de una mujer es que sea madre y esposa, desde temprana edad. El matrimonio infantil violenta el derecho a la libertad, a escoger con quién vivir, a una familia, a estudiar, a jugar, a socializar, a soñar, en fin, el derecho a ser niña y niño. Es necesario un cambio de paradigma”, insiste. 

Para la entidad, gestar esta transformación implica trabajar en una estrategia de comunicación y sensibilización colectiva enfocada en el cambio de comportamiento social frente a este flagelo, bajo el convencimiento de que, una nueva forma de vivir y reaccionar frente al matrimonio infantil, solo es posible si se produce una nueva manera de pensar, integrando a todos los sectores como protagonistas del proceso, con base en el rol particular que juegan en la sociedad.

Afirma que este ejercicio dará como resultado el cambio que se persigue, desde lo individual, lo familiar, comunitario, sociedad civil, los sectores productivos y las autoridades del sistema de protección.  

Para impulsar estos pasos, durante los siguientes meses World Vision realizará un ciclo de módulos formativos a nivel comunitario, enfocados en tres aspectos fundamentales: identificar las causas y modalidades del flagelo nivel local, desarrollar propuestas de soluciones, y establecer niveles de involucramiento comunitario y acompañamiento especializado en la implementación de las soluciones propuestas, incluyendo la socialización de las modificaciones al Código Civil recién aprobadas.  

Estos ciclos formativos serán llevados a por lo menos 15 comunidades a nivel nacional, dando prioridad a las regiones donde la organización tiene operaciones, y sus contenidos serán adaptados y contextualizados con base en el rol social de cada actor y sector comunitario, de tal manera que cada uno pueda convertirse en un agente de cambio social sostenible frente al matrimonio infantil. 

Para Bidó, el país se encuentra en un momento propicio para apelar al interés superior del niño, aunar esfuerzos para garantizar y restituir los derechos de la población afectada, pero también insistir en el diseño e implementación de iniciativas que promuevan y generen un cambio de costumbres, actitudes y percepciones sobre el matrimonio infantil y las uniones tempranas en la República Dominicana. 

 “Cada grupo tiene la capacidad para identificar las causas de manera proactiva, proponiendo soluciones, siendo protagonistas de su propia transformación, con base en el rol particular que juega en la sociedad”, argumentó.  

Para World Vision,  esta acción social transformadora debe iniciar en el lugar donde se producen los hechos, y las comunidades vulnerables tienen gran incidencia en esto. 

Datos oficiales revelan que de 2010 a 2017, hubo alrededor de 322 mil matrimonios en la República Dominicana, de los cuales solo un poco más de 300 corresponden a menores de 18 años, dejando ver claramente que el marco legal aborda la situación de manera parcial.