Santo Domingo.- “Sí, quería un poco más, pero eso no significa que no hayamos obtenido mucho. Hemos obtenido mucho en este proceso al lograr 29 condenas del total de los acusados”, afirmó Wilson Camacho sobre el caso derivado de la Operación Antipulpo.
El procurador adjunto, responsable de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, explicó que entre los condenados figuran el cabecilla, Alexis Medina, hermano del expresidente, Danili Mediana y el gerente operativo de la estructura de corrupción procesada.
Destacó además la relevancia de estas sentencias en la ruta que el país debe seguir para erradicar la impunidad.
“Estamos hablando de que este proceso produce al menos 29 condenas. Yo, como fiscal, siempre he sido franco y no pretendo dejar de serlo ahora: quería un poco más”, señaló.
Delitos que fueron probados
Camacho subrayó que el Ministerio Público probó en juicio la comisión de múltiples delitos.
“Nosotros probamos que se cometieron actos de corrupción. Eso no está en discusión. Probamos todas las imputaciones de la acusación: soborno, estafa contra el Estado, falsificación de documentos, lavado de activos. Todos los hechos fueron presentados con pruebas ante el tribunal”.
Recordó que, si bien la responsabilidad de probar corresponde al Ministerio Público y se cumplió a cabalidad, la imposición de las penas es tarea del Poder Judicial.
En ese sentido, valoró que el tribunal haya reconocido la responsabilidad del principal acusado, Juan Alexis Medina Sánchez, quien aprovechó su influencia como hermano del entonces presidente de la República para cometer los hechos de corrupción.
Las acciones de Alexis Medina desfalcaron el Estado
“Viendo el caso internamente, con una visión forense, el núcleo central de este entramado de corrupción recibió una condena”, apuntó, al tiempo que recordó que las acciones de Medina Sánchez afectaron entidades claves del Estado, como el Ministerio de Salud Pública, la Policía Nacional y las distribuidoras eléctricas.
Sobre la apelación que interpondrá el Ministerio Público tras la lectura de la sentencia, pautada para el 25 de septiembre, Camacho afirmó: “Esperamos que el sistema de justicia sea coherente con los hechos probados, con las pruebas aportadas y con el daño causado. Y ese daño solo permite, en derecho, un aumento de la pena”.
El magistrado resaltó que la cantidad y solidez de las pruebas aportadas no dejan espacio a dudas.
"Muchas pruebas, pocas dudas"
“No dejamos una sola afirmación sin prueba. Cada afirmación hecha en el proceso fue sustentada”.
Camacho recordó que desde 2020, bajo la conducción de la procuradora Yeni Berenice Reynoso, el Ministerio Público decidió perseguir estructuras completas de corrupción, lo que ha implicado procesos más grandes, con más imputados y mayor volumen de información.
Confió en que los tribunales asuman su rol en la lucha contra la impunidad y actúen con mayor firmeza.
“Los tribunales han sido tímidos al momento de imponer sanciones en casos de corrupción. Apostamos a que cada quien asuma su rol con la responsabilidad que la Constitución les impone”, sostuvo.
Insistió en que la sanción debe ser ejemplar: “No pretendemos que los jueces nos ayuden ni que se vulnere el debido proceso.
Queremos que el proceso se lleve correctamente. Pero una vez el hecho está probado, la sanción tiene que ser ejemplar. El mensaje debe quedar claro para los funcionarios: tienen que comportarse correctamente y cuidar el interés público, o habrá consecuencias”.
El procurador adjunto se refirió al tema en una entrevista en el canal Acento TV.
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