Santo Domingo.– La investigación está abierta y hay que cuidar los detalles para no afectar ese proceso, pero les aseguro que muy pronto nos estaremos viendo de nuevo hablando de la versión 2.0 de la Operación Cobra”, afirmó el titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, luego de que la madrugada de este jueves la Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificara la prisión preventiva impuesta a Santiago Hazim.
Hazim es procesado como principal cabecilla de una red de corrupción que habría estafado al Estado con más de RD$14,000 millones, recursos que debían ser destinados a los servicios sanitarios de los más de siete millones de afiliados del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
“Todo el que haya participado en este entramado se presentará ante los tribunales, se los aseguro”, sostuvo Camacho.
El magistrado reiteró que desde el inicio del proceso el Ministerio Público ha advertido sobre la magnitud del daño ocasionado al sistema de salud pública.
“La afectación que se hizo al seguro de salud SeNaSa, que alberga a más de siete millones de dominicanos, es una situación calamitosa y sumamente grave. Con las evidencias aportadas por el Ministerio Público, lo procedente era la imposición de la prisión preventiva”, añadió.
Camacho encabezó la representación del Ministerio Público junto al procurador de Corte Héctor García, y los fiscales Yudelka Holguín, Ernesto Guzmán Alberto y Aurelio Valdez.
“Una vez más, un tribunal reconoce la fortaleza de la investigación realizada por el Ministerio Público y la gravedad de los hechos que envuelven este proceso”, proclamó el magistrado.
Indicó que la prisión preventiva fue impuesta en primera instancia y ha sido ratificada para todos los imputados que recurrieron la decisión.
“Se trata de una medida adecuada y proporcional, no solo a la gravedad de los hechos, sino también al daño que debe ser resarcido por la afectación causada a millones de dominicanos y dominicanas”, expresó.
Camacho calificó la decisión como un respaldo al trabajo investigativo que realizan los fiscales bajo los lineamientos de la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, y como un estímulo para continuar el proceso judicial.
“Seguiremos trabajando para que todo el que haya participado en este entramado comparezca ante los tribunales a responder por sus hechos”, afirmó.
Reiteró, además, que “habrá tantas vueltas de la Operación Cobra como lo amerite el caso”.
Decisión judicial
Al conocer el fondo de la apelación, la Corte desestimó los recursos interpuestos por Santiago Hazim Alainy, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speaklear Mateo y Ada Ledesma Ubiera, confirmando en todas sus partes la resolución que impuso 18 meses de prisión preventiva.
El tribunal, integrado por los magistrados Isis Muñoz (presidenta), Teófilo Andújar y Luis Omar Jiménez, también rechazó el planteamiento de inconstitucionalidad presentado por la defensa de Hazim en relación con el artículo 377, numerales 2 y 3, del Código Procesal Penal.
Los jueces explicaron que la prisión preventiva no tiene como única finalidad garantizar la recolección de pruebas, sino asegurar la presencia del imputado durante todas las etapas del proceso, incluyendo la fase intermedia y el juicio. Recordaron que, aunque esta medida es revisable, no puede interpretarse como una anulación del límite legal de 18 meses.
Asimismo, señalaron que la alegada desproporción invocada por la defensa carece de fundamento y que el texto normativo no vulnera la Constitución.
La resolución ratifica las medidas de coerción impuestas en diciembre pasado por el juez Rigoberto Sena Ferreras, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, quien también dispuso arresto domiciliario, garantías económicas e impedimento de salida del país contra los coacusados Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo.
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