Antes de plantearnos una discusión sobre la posible eliminación del voto de los dominicanos en el exterior, convendría recordar las razones que llevaron a reconocer ese derecho. Muchas veces olvidamos el origen de las cosas y, al hacerlo, corremos el riesgo de llegar a conclusiones equivocadas.
Cuando se estableció la posibilidad de que los dominicanos residentes fuera del país pudieran participar en la elección de nuestras autoridades, se tomó en consideración que la diáspora constituye una parte fundamental de la nación dominicana.
No sólo por su extraordinario aporte a la economía a través de las remesas, sino por los vínculos familiares, sociales, culturales y afectivos que mantiene con el país. Quien emigra no necesariamente deja de formar parte de la vida nacional.
Que una proporción importante de los dominicanos empadronados en el exterior no acuda a las urnas es un problema que merece atención, pero de ninguna manera constituye una razón suficiente para privarlos de ese derecho.
La abstención no elimina derechos.
En el caso de la diáspora existen circunstancias particulares que deben ser ponderadas. Para muchos electores ejercer el sufragio implica recorrer grandes distancias, ausentarse de sus lugares de trabajo, enfrentar el tráfico de grandes ciudades o desplazarse hasta centros de votación considerablemente alejados de sus residencias.
La respuesta frente a una participación insuficiente debería ser identificar las causas, acercar los colegios electorales a las comunidades dominicanas, mejorar la información y estimular una mayor participación.
El Estado debe preguntarse cómo facilitar el ejercicio de un derecho, no cómo eliminarlo.
Los dominicanos residentes en el exterior contribuyen todos los días al desarrollo del país, mantienen familias, realizan inversiones, adquieren viviendas y conservan vínculos permanentes con la sociedad dominicana.
El voto en el exterior puede y debe ser evaluado, mejorado y fortalecido.
Lo que no corresponde es plantear a la ligera su eliminación.
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