SANTO DOMINGO.-El vocero de los diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Julito Furcal, advirtió hoy a las fuerzas políticas de oposición, que no es tiempo de jugar a la política debido a la complejidad de la crisis que afecta el país y al necesidad de una reforma fiscal.

“Jugar en este momento a la política descalificando una iniciativa del gobierno que debió ser discutida en el 2014 y que por alguna razón el gobierno anterior no lo hizo, no es bueno. El país tiene dos alternativas, o trabajamos una propuesta de reforma fiscal o continuamos en la carrera de préstamos y eso sí es grave para el futuro económico del país”, aseguró el legislador.

Refirió que un porcentaje significativo del presupuesto se destina al pago de intereses y cuotas de amortización de la deuda pública.

“Entonces por encima del interés político , empresarial, religioso y social debemos sentarnos todos en una mesa a debatir qué es lo mejor para el país”.

De no ser aprobada una reforma fiscal, la República Dominicana perdería su actual calificación de riesgo, lo que llevaría al país a ser considerado como uno altamente especulativo lo cual limitaría el apetito de los inversionistas por bonos soberanos dominicanos.

Así lo ha advertido SyP Global, una firma internacional dedicada a otorgar certificaciones y realizar analíticas de mercados además de Moody’s, calificadora global de la solvencia de los prestatarios. Indicaron que la falta de respuesta de las autoridades para abordar la tendencia subyacente de un aumento persistente en la deuda pública conlleva a una rebaja de la calificación.

Actualmente el país ostenta la calificación de Ba3 que le coloca entre los que no tienen grado de inversión especulativo, pero muy cerca del límite (B1) que le llevaría a colocarse entre los de calidad crediticia dudosa.

Cómo afecta
Esto llevaría al país a ser considerado como uno altamente especulativo lo cual limita el apetito de los inversionistas por bonos soberanos dominicanos.

Reduce la base de potenciales prestamistas porque algunos colocan su capital en títulos con calificaciones que no sean de alto riesgo, por lo que reduce el monto posible a colocar en el mercado.

Involucra, además, acceder a financiamiento con tasas de interés 200 puntos básicos más caras, porque los acreedores, al percibir más riesgo, demandarán mayores tasas de interés.

La condición de una calificación de Ba3, que coloca al país entre los que no tienen grado de inversión especulativo, favorece las inversiones.

Situación actual
Uno de los borradores que manejan las autoridades sobre su propuesta de reforma fiscal dice que desde el año 2018, el país se ha manejado con ingresos estáticos y un gasto superior manteniendo un promedio de déficit de 3.3 % del Producto Interno Bruto (PIB) lo cual conlleva a la acumulación de deuda pública para financiarlos.

Dicho crecimiento de la deuda y los compromisos generados por su contratación, junto a la postergación del pacto fiscal, triplicaron en los últimos trece años el peso de los intereses sobre los ingresos fiscales pasando de un 6.8 % en 2007 a 22.8 % en 2020.

Al añadirle los vencimientos de capital, honrar el servicio de la deuda contratada desde las gestiones anteriores es tan elevada, que supera el presupuesto combinado del Poder Judicial, Poder Legislativo y 18 de los 22 ministerios.

Las autoridades reiteran que en la actualidad, enfrentan un entorno internacional menos favorable que el de gestiones anteriores, colocándolos en una posición en la que deben recurrir a realizar una reforma fiscal en el momento menos favorable, debido al deterioro de los indicadores de sostenibilidad.

Proyectos de desarrollo
indican que al tener el país una de las presiones más bajas de la región (14.2), le condiciona a tener un bajo gasto público limitado a satisfacer necesidades básicas de la población.

Dicha dinámica ha llevado a que la deuda acumulada sea una de las mayores del mundo en relación con los ingresos fiscales.

El gobierno entiende que con un ajuste fiscal, la posición financiera de la República Dominicana se abastecería, la deuda descendería a niveles prudentes, lo que permitiría tener mayor espacio para invertir en desarrollo.
Se incluyen en las prioridades del gobierno los subsidios sociales, la inversión en el sector agua y el 1 % del PIB adicional para el sector salud.

También gastos en planes de infraestructura y vivienda, corregir déficit en el sector eléctrico e invertir en el mismo y mejorar las asignaciones a los ayuntamientos así como a la Policía Nacional, institución que en estos momentos se encuentra inmersa en un programa de reforma.