El Día 
En países con un desarrollo económico similar a la República Dominicana todavía el derecho a tener un techo propio constituye un sueño inalcanzable, sobre todo para un alto porcentaje de las familias.
El Estado dominicano tiene, constitucionalmente, el compromiso de garantizar varios servicios gratuitos, entre ellos la educación en todos los grados y la salud. No así el derecho a tener una vivienda propia, independientemente de que cuente con el espacio disponible para una política de construcción de viviendas que pueda favorecer a familias desposeídas.
Muchos factores inciden, incluso en el sector privado, para que el 69% de las familias dominicanas -según un estudio difundido recientemente por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)- pueda disponer de un financiamiento para comprar una vivienda.
El presupuesto familiar está destinado a cubrir necesidades básicas de alimentación, estudios, pagos de servicios y salud, entre otros. No hay espacio para los ahorros necesarios que puedan ser destinados al pago de una cuota inicial para adquirir una vivienda.
A estos factores, que transparentan la insuficiencia de ingresos necesarios, se agrega, como plantea el informe de marras, la imposibilidad de comprobar ingresos y la escasa oferta de viviendas a bajo costo y con largos plazos de pago.
Una situación que se traduce en un aumento de la inmigración y hacinamiento en las principales ciudades del país, ocupación desorganizada de terrenos baldíos y un caos demográfico, fruto del crecimiento de los asentamientos humanos informales. Una realidad que debe revertirse cuanto antes. Un reto que deberán asumir las nuevas autoridades.
