La Comisión Permanente de Medios de Comunicación, de la Cámara de Diputados, comenzó en esta semana la celebración de vistas públicas para conocer el parecer de la sociedad en torno a tres proyectos de leyes relacionados con la libertad de expresión y los derechos de la ciudadanía a recibir, buscar y difundir información.
La primera de una serie de sesiones con ese fin convocó a directores de medios de comunicación, lo que me brindó la oportunidad de expresar mi posición al respecto, que es la misma del Grupo de Comunicación Corripio, al que pertenece el diario que dirijo.
De los tres proyectos sometidos a discusión, sugerí que uno fuera rechazado de plano por no contener garantía alguna a la libre expresión del pensamiento, y que otro se dejara sobre la mesa en espera de oportunidades más propicias, por entender que todavía no estamos preparados institucionalmente para organizar la publicidad oficial como se propone el mismo.
El anteproyecto que capturó la mayor atención de los directores de medios allí presentes, fue el de la ley que modificaría la vigente 6132.
A mi juicio, el anteproyecto en cuestión acoge cambios que vienen siendo reclamados por la sociedad en beneficio de la libre expresión de las ideas, pero mantiene la prisión como una forma de castigo cuando se comete la difamación.
Todos los presentes abogamos porque se elimine ese tipo de sanción, que irremediablemente conduce a una odiosa autocensura.
Este proyecto de ley tiene todavía por delante un largo camino que recorrer. Espero que no encuentre muchos obstáculos en la ruta.
