Santo Domingo.- En los últimos 5 años, República Dominicana ha registrado un total de 708 muertes de mujeres en condiciones de violencia, una cifra alarmante que no solo refleja una profunda crisis social, sino también un impacto económico considerable para el país.
El año 2022 fue el más crítico, con 163 mujeres fallecidas de forma violenta, seguido por 2021 con 144 casos, y 2023 con 137. El 2020 registró 134 muertes, mientras que el 2024 fue el año con menor incidencia, con 130 víctimas, según datos preliminares de la Oficina Nacional de Estadística (ONE) y la cartografía de la Policía Nacional.
Aunque la violencia contra la mujer suele analizarse desde una perspectiva social y de derechos humanos, su repercusión económica es igualmente significativa. Las muertes violentas generan una pérdida directa en el capital humano, reducen la productividad laboral, aumentan los costos en salud pública, y sobrecargan el sistema judicial y de seguridad.
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El análisis por día de la semana revela que los lunes y domingos son los días con mayor cantidad de casos.
La mayoría de estos, fueron realizados por personas cercanas a la víctima: 271 por parte de su pareja actual y 82 por exparejas, lo que indica que los feminicidios íntimos —348 en total entre 2020 y 2024— siguen siendo la principal forma de violencia letal contra las mujeres.
Estos eventos afectan no solo a las familias, sino también al tejido productivo, al dejar huérfanos y dependientes económicos a su suerte, y generar pérdidas en hogares que muchas veces dependen del ingreso de la víctima.
El boletín muestra que los grupos de edad más afectados fueron mujeres entre 25 y 34 años (179 casos) y 15 a 24 años (177 casos), las edades más activas en términos de inserción laboral y formación profesional.
La violencia en estos segmentos interrumpe trayectorias laborales, educativas y productivas, limitando el potencial de crecimiento económico a largo plazo.
En términos territoriales, subraya que el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo concentran la mayor cantidad de casos, seguido por Azua, Bahoruco, Barahona y Dajabón. Esta concentración geográfica puede reflejar desigualdades económicas, falta de acceso a servicios sociales, y debilidad institucional en algunas zonas del país.
Los hechos ocurrieron, en su mayoría, en la vivienda de la víctima, seguidos por vía pública, vehículos y establecimientos comerciales. Estos patrones no solo afectan la percepción de seguridad ciudadana, sino también la movilidad, el consumo y la estabilidad de los entornos comunitarios y comerciales.
La nacionalidad de las víctimas fue mayoritariamente dominicana, aunque también se reportaron casos entre mujeres extranjeras, principalmente de Haití, Puerto Rico, Cuba, Italia, Suiza, Estados Unidos y Venezuela, lo cual plantea la necesidad de políticas de protección más inclusivas y transversales.
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