La seguridad ciudadana ha sido históricamente una deuda social pendiente, en República Dominicana, donde los datos más recientes de 2025 ofrecen una aparente luz al final del túnel, con cifras oficiales que muestran una disminución en los homicidios, pero en el que parece permanecer el debate de fondo.
Esa realidad, conlleva a la pregunta: ¿Estamos construyendo una seguridad que proteja la vida con dignidad, o simplemente se trata de estadísticas frías?
Según el Ministerio de Interior y Policía, la tasa nacional de homicidios se ubicó en 8.2 por cada 100,000 habitantes en el primer semestre del año, lo que representa una reducción respecto al mismo período de 2024, cuando la tasa era de 10 por cada 100,000.
La ministra Faride Raful ha expresado que esa tasa ha aumentado y ahora se coloca en un 8.3, lo que representa “una ligera alza”, en relación a las cifras anteriores.
Raful ha proclamado que “la implementación del nuevo modelo de patrullaje mixto, que ya cubre el 82 % de las zonas priorizadas, ha sido clave para reducir la violencia”, aunque admitió que la seguridad no solo se mide en números, sino en resultados y en la confianza ciudadana.
La violencia estructural persiste en el país en distintas formas: feminicidios, violencia intrafamiliar, delitos sexuales y agresiones que no siempre llegan a los tribunales.
La percepción de inseguridad sigue siendo alta, en barrios del Gran Santo Domingo, en los que testimonios de residentes revelan que, aunque hay más patrullas, la confianza en las instituciones aún es frágil, en perjuicio del fortalecimiento del clima de paz y convivencia ciudadana que deben prevalecer en una sociedad forjada al fragor de las profundas luchas libertarias de sus hombres y sus mujeres.
El caso de una menor de 12 años de edad, violada sexualmente y embarazada por un perfecto misántropo, identificado como Otilio Cabrera García, sargento de las Fuerzas Armadas, es revelador del profundo deterioro moral y ético que permea a una parte de la población.
Aunque el violador acaba de ser condenado a 20 años de prisión por este abominable hecho, ocurrido en el sector Los Frailes II, en Santo Domingo Este, el hecho no deja de ser grotesco, perverso y criminal. ¡Vaya, lacra! ¡Canalla!
Urge una política de seguridad que reconozca la complejidad del fenómeno de la violencia, que proteja a las víctimas y que fortalezca la institucionalidad con enfoque de derechos humanos.
Poco a poco, se ha estado trabajando en aspectos como la reforma policial, la transparencia judicial y la participación comunitaria, aunque al parecer sin el convencimiento de que estos son pilares que no pueden seguir postergándose.
La seguridad verdadera no se impone desde arriba, sino que se construye desde abajo, con justicia, empatía, participación y voluntad política.
El pasado año 2024 fue creada la Alianza para la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo, integrada por 22 países, incluido República Dominicana, y 12 organizaciones aliadas estratégicamente, con el objetivo de enfrentar de manera coordinada y en forma sostenible los desafíos que presenta la región latinoamericana en estos ámbitos.
Esta plataforma regional, auspiciada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuenta con un préstamo inicial de US$2,500 millones para los próximos tres años y, como brazo técnico, con la Fuerza de Tarea de Respuesta Rápida contra la Violencia y el Crimen Organizado, en obvia connotación de que sus propulsores tienen muy en claro la dimensión del problema.
“Con el lanzamiento de la Fuerza de Tarea y el compromiso histórico de US$2,500 millones, la alianza avanza hacia una nueva etapa: una respuesta más rápida y eficaz a las crisis de seguridad, y una inversión a gran escala en las reformas que nuestra región necesita para un desarrollo sostenible”, expuso con gran convicción el presidente del BID, Ilan Goldfajn.
La alianza acaba de realizar su Cumbre Regional por la Seguridad Ciudadana y la Justicia, en Buenos Aires, Argentina, donde se han discutido las acciones que conformarán la agenda 2026, con énfasis en respuestas coordinadas, integrales y sostenibles.
Ojalá esto pueda funcionar y que los países miembros realmente asuman todos los desafíos, enlazados a la violencia, que son muchos. ¡Enhorabuena!
