Hay una iniciativa del Ministerio de Obras Públicas -al menos hecha pública- para aumentar la vigilancia con cámaras de televisión y vídeos en importantes puentes del país.
El propósito fundamental es evitar el robo de los cables eléctricos y tensores que ponen en peligro las estructuras viales.
En diversas oportunidades la vigilancia convencional fue reforzada en los puentes Juan Pablo Duarte, Juan Bosch, el Presidente Troncoso y el Higüamo, en la zona este, para evitar el robo.
Independientemente de la propuesta, el Ministro de Obras Públicas se lamenta porque las autoridades judiciales ponen en libertad a personas arrestadas y vinculadas con el robo de las partes metálicas de los puentes.
La pregunta que nos hacemos es de qué servirá el sistema de vigilancia con cámaras si hay tanta debilidad en los procesos judiciales.
Vamos a invertir en una estructura de vigilancia que, independientemente de los resultados, podría caer, igual que los cables, en manos de los desaprensivos.
La denuncia del robo constante de los cables de los puentes es recurrente.
Nunca se ha divulgado a cuánto asciende el monto de las inversiones que hace el Estado para reponer la cablería, fruto de los robos.
Tampoco se habla del monto de la inversión que se hará en cámaras de seguridad para impedir un delito ante el que la Justicia se muestra impotente.
A todas luces no tiene sentido hacer una inversión de tal magnitud si no se resuelven otros problemas de fondo, fruto de que la vigilancia ordinaria tampoco funciona.
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