Parecen lejanos los días cuando nos jugamos el todo por el todo para salvar las zonas francas. Contra viento y marea, el siempre recordado Víctor Thomén convocó en Santo Domingo la reunión constitutiva de la Asociación de Zonas Francas de las Américas (AZFA) en 1998, adoptando desde entonces una firme posición sobre la preservación de los incentivos fiscales sin los cuales no exportaríamos productos médicos, electrónicos, textiles, calzados y cigarros.

Así amparados, en marzo de 1999 RD presentó en la OMC junto a El Salvador y Honduras la primera solicitud de extensión del plazo otorgado bajo el acuerdo de subvenciones, aprobada 20 meses después en la Ministerial de Doha.

Desde entonces sigue la presión por reformar el trato fiscal conferido a nuestro exitoso régimen.

El FMI en particular considera que ampliar la base fiscal es un requisito ineludible para la resiliencia financiera del país, ante el crecimiento de la deuda externa como proporción del PIB. Por ello promueven eliminar todos los incentivos, no sólo los de las zonas francas.
La política fiscal se ha regido hasta ahora por criterios estrictamente nacionales.

Ni siquiera dentro de la UE ha sido posible imponer a Irlanda una tributación similar a la alemana. Gracias a ello, capta flujos de inversión superiores a los US$30 mil millones y su PIB per cápita excede el promedio de la UE en 93 %.

Las propias estadísticas europeas revelan un fenómeno curioso: 7 de las 10 principales fuentes de inversión extranjera hacia el bloque son paraísos fiscales. 4 de dichos paraísos –Islas Caimán, Bermudas, Barbados y Hong Kong– originan flujos que superan en total a los 6 siguientes en importancia, entre las cuales están Canadá, Japón y China.

Situaciones como esas permiten que los gigantes tecnológicos como Amazon, Facebook, Google y Netflix apenas contribuyan al fisco de los países donde operan.

Pese a ser uno de los más afectados por la evasión, hasta ahora los EEUU no se habían sumado al consenso emergente sobre un impuesto mínimo a las multinacionales.

El Presidente Biden y su prestigiosa Secretaria del Tesoro Janet Yellen acaban de cambiar el panorama. Proponen gravar con un 21 % de impuesto mínimo las ventas locales de las multinacionales, tengan o no presencia física en los países donde vendan.

Los 130 países que negocian en la OCDE están así prestos a concluir un pacto fiscal internacional.

La dispensa de la OMC a favor de las zonas francas fue renovada varias veces desde el 2001. Nada permite asegurar que volverá a serlo en el futuro. Nuestras zonas francas ya están vendiendo localmente y el gobierno les cobra 2.5 % de impuesto mínimo sobre las ventas.

Pocas actividades productivas son más competitivas en RD que las zonas francas. El pacto fiscal internacional que viene debiera llevarnos a reflexionar soberanamente sobre la mejor manera de lograr que todo el país sea tan competitivo como ellas, encadenándolas con el resto del aparato productivo y alcanzando la resiliencia fiscal.

Todo un desafío para los negociadores del pacto fiscal desde hace tiempo pendiente en RD.