SANTO DOMINGO.- Los familiares de las víctimas fallecidas, desaparecidas y heridas por el colapso del techo de la discoteca Jet Set podrían presentar una querella penal con constitución en actor civil por homicidio involuntario contra los propietarios y el gerente del establecimiento.
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Así lo informaron los abogados Jorge Contreras y Emmanuel Pimentel, quienes señalaron que tanto los parientes de las víctimas como los sobrevivientes están en capacidad de accionar en justicia por responsabilidad civil, debido a presunta negligencia e imprudencia de los dueños al reabrir el local sin contar con las garantías mínimas de seguridad, luego del incendio registrado en 2023.
La querella penal con constitución en actor civil permitiría reclamar indemnización por los daños sufridos, tanto materiales como morales, explicó el abogado Pimentel.
Los juristas indicaron que el Ministerio Público debe iniciar una investigación penal para establecer responsabilidades, no solo de los propietarios, sino también de ingenieros, encargados de mantenimiento y autoridades municipales, por las posibles violaciones a normas de seguridad estructural y urbanística.
Entre las posibles infracciones citadas figuran el incumplimiento del Ministerio de Obras Públicas, en cuanto a infraestructura, permisos y condiciones de operatividad del centro nocturno.
En caso de ser hallados culpables, los responsables podrían enfrentar sanciones penales que incluyen prisión, multas e inhabilitación para administrar negocios similares. En el ámbito civil, estarían obligados a pagar indemnizaciones por muerte injusta, cubrir gastos médicos —incluidos tratamientos psicológicos— y otras compensaciones derivadas de los hechos.
Pimentel subrayó que la demanda civil se basaría en una negligencia grave, ya que los propietarios reabrieron el negocio pese a no haber garantizado la seguridad estructural tras el incendio ocurrido un año antes de la tragedia.
Para dar inicio al proceso judicial, los abogados señalaron que será necesario reunir todos los elementos probatorios, como certificaciones, permisos de operación y evaluaciones estructurales omitidas.
"Los familiares de las víctimas tienen derecho a accionar por el incumplimiento de los deberes de mantenimiento, la falta de evaluación y la omisión de una posible demolición del edificio tras el incendio previo", concluyó Pimentel.
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