Santo Domingo. Las investigaciones del Ministerio Público sobre la muerte de cinco hombres en el sector La Barranquita, Santiago, descartan la versión preliminar de la Policía Nacional, que sostenía que las muertes ocurrieron durante un supuesto intercambio de disparos.
Según los informes de autopsia incluidos en el expediente de solicitud de medida de coerción, los análisis de balística y residuos de pólvora revelaron que ninguna de las víctimas disparó armas de fuego.
Asimismo, los proyectiles extraídos de los cuerpos corresponden a armas de reglamento de los agentes involucrados, según confirman los peritajes. De igual modo, los análisis toxicológicos establecieron que no se detectaron sustancias controladas en los organismos de los fallecidos.
Horas después del suceso, la Policía Nacional informó que los cinco hombres que fallecieron al enfrentar a tiros a varios agentes integraban una estructura al servicio del crimen organizado.
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El Ministerio Público calificó el hecho como una ejecución extrajudicial y aseguró que existen pruebas suficientes que demuestran una acción planificada para asesinar a las víctimas y luego eliminar las evidencias.
Los hechos
Seis de los once agentes policiales acusados de participar en el crimen, ocurrido el 10 de septiembre, viajaron desde Santo Domingo hasta Santiago para participar en un supuesto operativo vinculado a un caso de tráfico de armas.
De acuerdo con el expediente, los imputados son el mayor Álvaro Paredes Paniagua, el capitán José Ignacio Gómez Rodríguez, el segundo teniente Domingo Antonio de los Santos Vargas, los cabos Yohandy Encarnación y Geyser Francisco Álvarez Rodríguez, y el raso Adrián Miguel Villalona Pineda, todos adscritos al Departamento de Investigación de Crimen Organizado y Casos Complejos, con sede en el Palacio de la Policía Nacional en Santo Domingo.
Una vez en Santiago, los agentes se reunieron con otros cinco policías en el parqueo de la Subdirección Regional de Investigación, en la avenida Bartolomé Colón. Estos últimos fueron identificados como Hansel Michel Cuevas Carrasco, Sócrates Fidel Feliz Feliz, Hairo Mateo Morillo, César Augusto Martínez Trinidad y José Octavio Jiménez Peña, pertenecientes a la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM).
Tras la reunión, los once imputados acordaron desplazarse hacia la avenida Olímpica, próximo a Corona Plaza, en el sector La Barranquita, donde supuestamente realizarían el operativo.
Los policías salieron en tres vehículos: una camioneta Toyota Hilux blanca (placa PP-034175), un Kia Rio (placa A690258) y un Toyota Yaris (placa A401356). Su recorrido fue captado por las cámaras del Sistema Nacional de Emergencias y Seguridad 9-1-1 a las 2:15 de la tarde.
A las 2:21 p.m., los agentes llegaron al lugar y se posicionaron cerca de una plaza comercial. Minutos después, arribaron las víctimas Carlos Enrique Guzmán Navarro (alias “El Charly” o “Charli Chase”), quien conducía un Honda Civic dorado, y José Vladimir Valerio Estévez, en un Kia blanco. Ambos se reunieron con otros tres hombres que viajaban en un Mazda blanco.
Según la acusación, a las 2:26 p.m. los cinco hombres ingresaron al parqueo de la plaza, momento en que los policías —vestidos de civil— descendieron de sus vehículos y abrieron fuego sin mediar palabras.
Las víctimas fueron identificadas como: Elvis Antonio Martínez Rodríguez (Deivito), 26 años, Julio Alberto Gómez (La Tabla), 28 años, Carlos Enrique Guzmán Navarro (El Charly), 40 años, Edward Bernardo Peña Rodríguez, 35 años y José Vladimir Valerio Estévez, 25 años
Manipulación de evidencias
Una testigo que se encontraba en el tercer nivel de la plaza declaró que, tras los disparos, varios agentes subieron hasta su vivienda, le quitaron el celular, revisaron lo que había grabado y se llevaron el dispositivo.
El Ministerio Público sostiene que los policías sustrajeron los DVR de los negocios cercanos y varios teléfonos móviles para destruir pruebas y obstaculizar la investigación.
En el establecimiento Tecnópolis, propiedad de Ramón Emilio Abreu Corona, los agentes realizaron múltiples llamadas vía WhatsApp, identificándose como policías y presionando al comerciante para que abriera su negocio.
Cuando Abreu Corona llegó al lugar acompañado de su madrina, observó los cuerpos tendidos en el pavimento y procedió a abrir el local. En ese momento, los agentes ingresaron y se llevaron el DVR del sistema de cámaras de seguridad.
La audiencia de medidas de coerción contra los 11 agentes fue aplazada para el próximo jueves 9 de octubre a las 9:00 a.m., a solicitud de las defensas, que pidieron más tiempo para analizar las pruebas presentadas.
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Joan Vargas
Joan Kennedy Vargas, periodista dominicano. Cubre la fuente de la Presidencia de la República, Policía, Fuerzas Armadas y DNCD.
