Víctor Feliz
La remodelación y mantenimiento de parques en el Distrito Nacional es un esfuerzo importante que ha sido llevado a cabo por la alcaldía en los últimos años.
Los parques son fundamentales para el bienestar urbano, proporcionando un espacio abierto donde las personas pueden relajarse, ejercitarse y compartir tiempo en comunidad.
Sin embargo, las medidas tomadas por la administración local para proteger estos espacios han generado cierto malestar, particularmente en torno a la instalación de verjas y el control del acceso a través de juntas de vecinos.
Los parques públicos deberían ser espacios abiertos y accesibles para todos.
Este principio de apertura es esencial, ya que el acceso a áreas verdes en una ciudad tiene un impacto positivo en la salud física y mental de los ciudadanos.
Las ciudades más exitosas en términos de convivencia y calidad de vida suelen priorizar la accesibilidad de estos espacios, reconociendo que pertenecen a la comunidad en su totalidad, no sólo a los residentes de los sectores inmediatos donde están ubicados.
La remodelación de estos parques ha sido posible gracias a alianzas estratégicas con el sector privado, lo que ha permitido que, en la mayoría de los casos, se compartan los costos de las obras, un hecho destacable dado que los recursos municipales son limitados.
Una vez remodelados, muchos de estos parques han sido enrejados. En algunos casos, esta medida se justifica por la necesidad de proteger el mobiliario y evitar que los parques se utilicen para fines inapropiados, especialmente durante la noche.
En Santo Domingo, como en muchas otras ciudades del mundo, la seguridad en horas nocturnas puede ser un desafío, y las autoridades han considerado las verjas como una solución viable para evitar el vandalismo y el mal uso de los espacios.
De igual manera, en los parques diseñados para el esparcimiento de niños y niñas, las verjas cumplen un propósito de seguridad adicional, ya que previenen que los menores puedan salir accidentalmente a las calles, exponiéndolos a riesgos de tránsito.
El problema surge cuando, tras colocar las verjas, se decide cerrar los parques con candado y entregar las llaves a las juntas de vecinos de los sectores cercanos.
Esta práctica ha generado controversia, ya que los parques, al ser espacios públicos, deberían estar abiertos a todos los ciudadanos, no sólo a un grupo en particular.
Si bien las juntas de vecinos juegan un papel importante en la vida comunitaria, ayudando a mejorar la convivencia y canalizar las inquietudes de los residentes, no están exentas deproblemas.
En muchos casos, estas organizaciones están viciadas por intereses políticos y grupales, lo que puede llevar a una gestión excluyente o incluso conflictiva de los parques.
Delegar en las juntas de vecinos el control del acceso a los parques puede tener consecuencias negativas para la convivencia.
Lo que debería ser un espacio de integración y armonía puede convertirse en una fuente de división y discordia. Algunas comunidades podrían verse excluidas del uso del parque, o podría generarse una sensación de que ciertos grupos tienen privilegios sobre otros.
Esto no sólo mina el propósito original del espacio público, sino que puede exacerbar las tensiones sociales en áreas donde ya existe una fragmentación política o social significativa.
El propósito de un parque no es sólo ofrecer un espacio físico para el esparcimiento, sino también servir como un punto de encuentro donde diferentes grupos de la comunidad puedan interactuar y compartir.
En un contexto donde los intereses políticos y grupales juegan un papel tan importante en la dinámica de los sectores, la gestión comunitaria de los parques debe ser cuidadosamente balanceada para evitar que estos espacios se conviertan en símbolos de exclusión.
Es fundamental que las autoridades municipales reconsideren esta estrategia. Si bien las juntas de vecinos pueden colaborar en el mantenimiento y la supervisión de los parques, el control del acceso no debe estar en manos de un solo grupo.
Existen alternativas viables, como la implementación de horarios de apertura y cierre controlados por las autoridades locales, la presencia de personal de vigilancia contratado por el ayuntamiento, o el uso de tecnologías que permitan un acceso seguro sin la necesidad de recurrir a candados físicos administrados por terceros.
*Por Víctor Féliz Solano
