Santo Domingo. -El dirigente del Partido de la Liberación (PLD), Ramón Ventura Camejo, entiende que la resolución 018031 del Ministerio de Administración Pública (MAP), que obliga a los servidores del gobierno a presentar sus facturas de los servicios de agua y energía eléctrica, debe ser anulada por ser contraria a las relaciones humanas y al ordenamiento normativo de la administración pública.
En un artículo publicado en Vanguardia del Pueblo, el extitular de dicha entidad sostiene que la nueva iniciativa desconoce principios elementales de gestión y disposiciones constitucionales como el artículo 142 que establece el estatuto de la función pública.
“El Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad de la persona y se organiza para la protección real y efectiva de los derechos fundamentales que le son inherentes. La dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable; su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos”, explicó el exministro.
En su escrito, Ventura Camejo recomienda a las autoridades actuales revisar el capítulo de las prohibiciones del artículo 80 de la Ley 41-08 sobre de Función Pública, y también repasar la 107-13 sobre los derechos de las personas en sus relaciones con la administración y de procedimiento administrativo.
Además, advierte que la señalada resolución tramitada mediante circular ignora la carta Iberoamericana de la Función Pública y otras disposiciones del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) y del Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP).