Los venezolanos deben ser los protagonistas de la recuperación de su democracia y los guardianes de su derecho inalienable a la autodeterminación.
La comunidad internacional ha hecho bien en acompañar ese proceso, no debe tener el cuidado de evitar sustituirlo o de imponer salidas ajenas a la voluntad popular.
La asistencia internacional para extraer del poder al dictador Nicolás Maduro sólo tiene sentido si los pasos posteriores se orientan de manera inequívoca al restablecimiento del orden democrático en Venezuela. Esto implica devolverle al pueblo venezolano la capacidad de decidir su destino a través de instituciones legítimas, transparentes y representativas, únicas vías aceptables para la conducción de una nación.
Sin embargo, una vez apartado Maduro del poder que había usurpado, comienzan a surgir señales preocupantes que no parecen conducir a la restauración de la democracia perdida.
La presidencia que ejercía Maduro era ilegítima, producto del robo burdo de unas elecciones que perdió de forma abrumadora. En consecuencia, toda la estructura que lo acompañaba, incluida la vicepresidencia, carece igualmente de representatividad válida y de legitimidad política.
Resulta alarmante que se pretenda diseñar una salida para Venezuela excluyendo a la oposición democrática, que ha sido la principal víctima del autoritarismo y la que cuenta con el respaldo mayoritario de la población.
Aún más inquietante es la percepción de que la captura y enjuiciamiento de Maduro haya estado motivada por intereses meramente comerciales, con el petróleo como principal incentivo.
Si ese fuera el caso, se estaría desnaturalizando una acción que debía estar guiada exclusivamente por la defensa de la democracia y los derechos humanos.
Los indicios observados hasta ahora dejan mucho que desear y siembran dudas razonables sobre el verdadero rumbo del proceso.
Venezuela no necesita cambiar una forma de imposición por otra.
Los venezolanos tienen el derecho soberano de administrar su país y sus riquezas, bajo la conducción de un gobierno legítimamente electo y comprometido con la voluntad popular.
Cualquier solución que ignore ese principio no será duradera, ni justa, ni democrática. Y, sobre todo, no será la solución que merece el pueblo venezolano.
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