Venezuela llama a consultas a encargado de negocios en EEUU

CARACAS, Venezuela. — El gobierno venezolano llamó este lunes a consultas de inmediato al encargado de negocios de Venezuela en Estados Unidos, Maximilien Arveláiz, anunció la canciller Delcy Rodríguez.
Rodríguez dijo en un mensaje de su cuenta de Twitter que Caracas llamó a “consulta de inmediato” a Arveláiz, quien es el funcionario diplomático de mayor rango que tiene el gobierno venezolano en Washington.
Los dos países están sin embajador desde el 2010. El llamado a consulta de Arveláiz se da pocas horas después que el presidente estadounidense Barack Obama ordenó congelar bienes en territorio estadounidense de siete funcionarios venezolanos, al declarar a la nación sudamericana como amenaza extraordinaria para la seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos.
Entre los funcionarios sancionados figuran el Comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Central, el general de la Guardia Nacional Antonio Benavides Torres; el director de la policía política Gustavo González López; el presidente de la Corporación Venezolana de Guayana y ex comandante de la Guardia Nacional, Justo Noguera Pietri, y la fiscal 20 del Ministerio Público Katherine Haringhton , quien tiene a su cargo un proceso contra el alcalde opositor de la región metropolitana de Caracas, Antonio Ledezma, quien fue detenido en febrero por un supuesto complot, y la ex congresista opositora María Corina Machado, entre otros.
Más temprano, la canciller se abstuvo de dar comentarios sobre los anuncios hechos por Obama y solo señaló a la prensa que pronto se daría a conocer la respuesta de Venezuela.
Al ser preguntada en exclusiva por la AP en que situación quedan las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos en este momento, Rodriguez dijo que “nosotros insistiremos en relaciones de respeto y de igualdad soberana entre los países”.
El presidente de la Asamblea Nacional, el diputado oficialista Diosdado Cabello condenó las sanciones de Washington y aseguró que “no tiene ninguna moral para decir que en Venezuela se violan derechos humanos”, y planteó que el gobierno venezolano debe declarar la “emergencia nacional”.
“Estas resoluciones de emergencia las utiliza el imperialismo norteamericano cada vez que va atacar a un pueblo”, afirmó Cabello al denunciar, durante un acto político en la ciudad central de Barquisimeto que fue difundido por la televisora estatal, que Washington estaría planificando “ataques militares” contra Venezuela, pero no ofreció detalles.
“No hay chantajes, no hay fórmulas que ustedes crean que nos van aplicar a nosotros y nos van a amedrentar”, dijo el presidente del congreso, e instó a Estados Unidos a que “pase la lista de los venezolanos que tienen plata” en ese país para decidir si se repatria ese dinero. Agregó que hay empresarios venezolanos, que residen en Estados Unidos, que pagan el “lobby mayamero” y al congresista Marco Rubio.
Cabello expresó su solidaridad con los funcionarios sancionados. El Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, consideró como “propagandas de guerra” las sanciones anunciadas por Obama, y dijo en su cuenta de Twitter que se acordaron esas acciones contra los siete funcionarios venezolanos a sabiendas que “ellos no tienen ni visas ni bienes” en Estados Unidos.
En las últimas semanas han surgido nuevas fricciones entre Washington y Caracas tras las acusaciones del presidente Nicolás Maduro de que desde Estados Unidos se estaría conspirando contra el gobierno venezolano, señalamientos que han sido rechazados reiteradamente por voceros del Departamento de Estado.
A inicios de febrero el Departamento de Estado suspendió las visas a 32 funcionarios venezolanos, entre ellos siete acusados de violar derechos humanos durante las protestas callejeras que dejaron 43 muertos el año pasado en el país sudamericano y otros nueve señalados de incurrir en actos de corrupción. Washington anunció la medida poco después de que Maduro acusó al vicepresidente Joe Biden de conspirar para derrocarlo.
Los 32 sancionados se suman a los 24 funcionarios venezolanos a los que Estados Unidos suspendió la visa en julio pasado