VALENCIA, Venezuela. — General Motors anunció el jueves que suspenderá sus operaciones en Venezuela después de que las autoridades confiscaron su fábrica en el país, una medida que podría arrastrar al gobierno de presidente Donald Trump hacia el creciente caos en el que cae el país sudamericano.
La fábrica de GM en la ciudad industrial de Valencia fue confiscada el miércoles, mientras manifestantes se enfrentaban con fuerzas de seguridad y organizaciones progubernamentales en un país atribulado por problemas económicos, incluyendo escasez de alimentos y una inflación de tres dígitos.
Tres personas murieron y cientos fueron arrestadas en el día de protestas más mortal desde que comenzó la agitación social hace tres semanas.
La confiscación derivó de una demanda presentada hace casi 20 años por un ex concesionario de GM en el oeste de Venezuela.
El concesionario pedía a GM una compensación por daños y perjuicios de 476 millones de bolívares, unos 665 millones de dólares al cambio oficial, pero 115 millones en el mercado negro, donde muchos venezolanos se ven forzados a vender su moneda nacional, que cada vez se devalúa más.
GM dijo que esta semana se le notificó que una corte menor había ordenado la confiscación de su planta, las cuentas de su banco y otros bienes en el país.
Cientos de trabajadores desesperados por información sobre sus trabajos se reunieron en la planta el jueves, donde hablaron con funcionarios del gobierno y de las fuerzas militares, así como con representantes del concesionario que presentó la demanda.
La planta no ha fabricado un solo auto desde el 2015, pero GM sigue teniendo 79 concesionarios que emplean a 3.900 personas en Venezuela, donde fue el líder del mercado por varias décadas.
El anuncio de GM ocurre mientras la oposición venezolana busca presionar al presidente Nicolás Maduro saliendo a las calles de nuevo el jueves, un día después de la manifestación opositora más grande de los últimos años. No es la primera vez que Venezuela confisca instalaciones de corporaciones extranjeras.
En julio del año pasado, el gobierno tomó control de una fábrica de Kimberly-Clark Corp. luego de que la gran empresa estadounidense dijo que la falta de materiales en el país en crisis le hacía imposible producir productos.
Maduro acusó a Kimberly-Clark de participar en un complot internacional para dañar la economía de Venezuela. Pero la medida en contra de GM, el fabricante de autos más grande de Estados Unidos, es una acción más fuerte, y podría deteriorar aún más las relaciones entre ambos países. Ni Washington ni Caracas hicieron comentarios por el momento.
“Esta es una prueba para Trump”, dijo Raúl Gallegos, autor de un libro sobre Venezuela y analista de la empresa asesora Control Risks, con sede en Bogotá. “Su respuesta a un país corrupto que confisca bienes de una reconocida empresa estadounidense indicará la ruta que quiere tomar con Venezuela”.
