Venezuela aprueba una ley contra las ONG en medio de las denuncias por arrestos arbitrarios
El Parlamento venezolano aprobó una ley para fiscalizar a las ONG, en medio de las denuncias de detenciones arbitrarias de opositores tras los comicios en los que el presidente Nicolás Maduro fue proclamado ganador, pese a las alertas de fraude de la oposición.
La normativa, llamada «Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines», fue aprobada en segunda discusión este jueves por unanimidad, informó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.
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La ley fue aprobada tres semanas después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamara a Maduro como ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio, mientras que la oposición atribuye el triunfo a su candidato, Edmundo González.
Tras los comicios, las ONG e instancias internacionales de defensa de derechos humanos han advertido de una ola represiva con más de mil detenidos, al menos 23 muertos, la cancelación de pasaportes a periodistas y activistas, investigaciones judiciales contra opositores y el bloqueo temporal de redes sociales como X.
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió a las autoridades venezolanas que no adoptaran «estas u otras leyes que socaven el espacio cívico y democrático en el país».
¿Qué dice la ley?
La ley establece «un sistema uniforme» para la «creación, registro, organización, funcionamiento, administración y desarrollo» de las ONG, así como «para garantizar la transparencia en su manejo económico y financiero, incluyendo las fuentes de su financiamiento».
El texto no aclara qué sucede si una ONG recibe financiamiento internacional y obliga a las organizaciones a notificar «sobre el financiamiento o donaciones que serán recibidas a los fines de asegurar la licitud de los fondos».
La norma advierte que las ONG deben aclarar en sus estatutos «la manera en la que contribuyen al desarrollo económico y social» y «si su financiamiento está previsto que sea a través de factores extranjeros», para lo cual deben «registrar periódicamente sus fuentes de financiamiento ante la autoridad competente».
Denuncia contra la persecución
Activistas y miembros de ONG en Venezuela aseguran que esta normativa busca criminalizar a la sociedad civil organizada.
«La ley anti ONG formaliza la persecución a las organizaciones de la sociedad civil venezolanas», dijo Oscar Murillo, coordinador general de la ONG Provea, en su cuenta de X.
«Su aprobación responde a la naturaleza de un régimen político que busca controlar hasta el más mínimo ámbito de la vida de las personas y del país».
«Al final lo que se quiere es reprimir a las ONG con este proyecto de ley que se une a la ola represiva luego del 28 de julio y que lo que busca es cerrar definitivamente el espacio cívico», declaró a la agencia Reuters el abogado Alí Daniels, codirector de Acceso a la Justicia, una asociación civil que monitorea el sistema legal.
Gina Romero, relatora especial de la ONU sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, se mostró preocupada en su cuenta de X por «el discurso estigmatizador utilizado, según el cual se asocia la acción de las ONG y otras organizaciones con servir de ‘fachada para el terrorismo‘; así como la difusión de ‘expresiones de odio social e ideas fascistas'».
En Venezuela operan decenas de fundaciones y grupos no gubernamentales que se dedican a temas desde atención de presos, monitoreo de la situación de violencia, revisión de casos de ejecuciones extrajudiciales, libertad de expresión e indicadores económicos y sociales, entre otros.
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