Caracas. – Venezuela anunció el miércoles que activará el proceso para salir de la OEA en respuesta a la decisión que tomaron 19 países de la organización para convocar a un encuentro de cancilleres y debatir la crisis del país suramericano.

En una transmisión desde el palacio presidencial, la canciller venezolana Delcy Rodríguez dijo que Caracas presentará la carta de denuncia de la OEA a partir del jueves e iniciará un proceso que tardará 24 meses para salir de la organización.

Al rechazar la decisión de Consejo Permanente, Rodríguez afirmó que lo que se pretender es «intervenir» y «tutelar» a Venezuela y sostuvo que el gobierno del presidente Nicolás Maduro no aceptará esas acciones.

Asimismo, la canciller indicó que a partir de ahora Venezuela no participará en ninguna actividad de la organización en la se pretenda posicionar el «intervencionismo» y el «injerencismo» de las naciones que, sostuvo, buscan «perturbar la estabilidad y la paz» de su país.

La decisión de Venezuela de salir de la OEA, a la que ingresó en 1948 como miembro fundador, se da en un contexto creciente tensión política por las protestas casi diarias que se han registrado en Caracas y otras ciudades que han dejado 29 muertos y más de 437 heridos.

Maduro ha rechazado las acciones de sus adversarios, a los que ha acusado de promover acciones violentas para dar un golpe de Estado. Minutos antes, cuando el Consejo Permanente de la OEA anunció su decisión de convocar a la reunión, no se especificó fecha ni lugar.

Dante Negro, director del Departamento de Derecho Internacional de la OEA, dijo antes de la votación que este encuentro no forma parte del procedimiento estipulado en la Carta Democrática Interamericana como paso previo para una posible suspensión de un Estado miembro donde haya ocurrido una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático.

El viceministro venezolano para América del Norte Samuel Moncada no aportó detalles sobre la posible salida de la OEA y rechazó la resolución alegando que representa una intromisión en asuntos internos. «Ayuda forzada no es ayuda, es imposición», dijo.

El artículo 143 de la Carta de la OEA estipula que cualquier Estado miembro podrá notificar por escrito al secretario general su intención de retirarse y que transcurridos dos años el Estado quedará desligado después de haber cumplido con sus obligaciones.

Caracas adeuda actualmente 10,5 millones de dólares, ya que desde hace varios años no cotiza su cuota anual de 1,8 millones de dólares.

Moncada dijo que su gobierno ha pedido que los cancilleres se reúnan en cambio el 2 de mayo en El Salvador en el marco de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), alegando que representa un foro sin las presiones de Estados Unidos.

Sin embargo, la canciller argentina Susana Malcorra defendió a la OEA como el lugar idóneo. «¿Por qué algo de suma gravedad en el CELAC no lo sería en la OEA», se preguntó.

«Esto no es intromisión en asuntos internos. Es nuestra responsabilidad colectiva».

El miércoles temprano, miles de manifestantes salieron a marchar por Caracas y poco después de que los opositores tomaran la autopista principal, centenares de policías y guardias nacionales comenzaron a lanzar gases lacrimógenos y balas de goma para bloquearles el paso.

En medio de la represión resultó herido el manifestante Juan Pablo Pernalete Llovera, de 20 años, quien falleció a consecuencia de un golpe que recibió por una bomba lacrimógena, anunció el dirigente opositor y excandidato presidencial, Henrique Capriles, en su cuenta de Twitter.

Por su parte, el gobernador oficialista del estado suroccidental del Táchira, José Vielma Mora, dijo a la televisora local que el trabajador Efrain Sierra, de 28 años, murió la víspera por disparo de arma de fuego en el estómago.

Sierra recibió el tiro en medio de una manifestación en ese municipio, con lo que se elevaron a 29 los fallecidos en las protestas que sacuden al país sudamericano.

La tensión política, que se activó a finales del mes pasado a raíz de dos sentencias que emitió el Tribunal Supremo de Justicia contra el Congreso, ha desatado una espiral de violencia que ha dejado más de 1.000 detenidos de los cuales 65 permanecen bajo arresto y otros 217 serán presentados ante los tribunales.