El de Venezuela no es un gobierno democrático, y mucho menos legítimo. No lo fue con Nicolás Maduro ni con Delcy Rodríguez. La actual administración es fruto de un descarado robo electoral.
Que el pragmatismo geopolítico obligue a trabajar con los actuales inquilinos de Miraflores para lograr que Venezuela regrese a la normalidad, con el menor daño posible para su población, es algo entendible, pero ello no debe implicar un reconocimiento jurídico.
La apertura de los cielos y de las rutas aéreas, así como el restablecimiento de misiones consulares o diplomáticas anunciada por varios países, incluyendo República Dominicana, ayuda a la población, pero sin que eso suponga una aceptación tácita de las acciones cometidas por quienes ostentan el poder.
Parece haberse creado un consenso internacional en torno a trabajar una transición en coordinación con el chavismo, pero es fundamental que ese proceso no se convierta en una validación ni en una perpetuación de lo existente.
La liberación de presos políticos es una admisión de que había presos políticos, de que la libertad de los venezolanos fue secuestrada por un régimen que tuvo como protagonistas a Maduro y a quienes aún hoy dirigen.
En Venezuela hubo asesinatos políticos, expropiaciones políticas, persecuciones políticas y exilios políticos.
Apoyamos una transición pacífica y ordenada cuyo objetivo central sea restaurar la capacidad del pueblo venezolano de imponer su voluntad.
Si no se reconocen los resultados de los comicios pasados, robados por el régimen de Maduro, al menos debe trabajarse en la celebración de nuevas elecciones libres y transparentes, para que el pueblo venezolano recupere la capacidad de decidir quiénes lo gobiernan.
Ojo con Venezuela, para que el “borrón y cuenta nueva” que impone el pragmatismo no sea aprovechado para prolongar el ejercicio de un poder usurpado.
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