Vargas Maldonado dice posición PLD sobre Tribunal Constitucional es burla a la institucionalidad
SANTO DOMINGO.- El presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas, afirmó hoy que la posición del gobierno de quitarle al Tribunal Constitucional las facultades que le otorga la Carta Magna, coloca al Partido de la Liberación Dominicana en una postura de burla y debilitamiento de la institucionalidad nacional.
Dijo que la contrarreforma que pretende el PLD, en cuanto a la soberanía de dicho tribunal, resulta incongruente con la decisión de los asambleístas constitucionales de crear una instancia que pudiera garantizar los derechos ciudadanos establecidos en la Ley de Leyes.
El propósito que inspiró esta legislación fue que en materia constitucional existiera una instancia que garantice a la sociedad las prerrogativas ciudadanas más allá de las decisiones de los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo, expresó Vargas Maldonado.
Manifestó además, que ese es precisamente el objetivo del Tribunal Constitucional, ser un vigilante y un garante de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución como parte de una nación democrática.
El precandidato presidencial del PRD sostuvo que por esa razón estamos solicitado a los diputados perredeístas, y a todos los que se preocupan por el fortalecimiento del Estado de Derecho, a mantener su respaldo al espíritu de la Constitución y a rechazar la contrarreforma que pretende hacer el PLD a la Constitución.
Asimismo, afirmó que la decisión del PLD de irrespetar la carta sustantiva, aprobada hace menos de un año, le hace un daño terrible a la conciencia ciudadana, porque sigue la vieja cultura antidemocrática de asumir la Constitución como un simple papel que se puede cambiar al antojo de conveniencias pasajeras y particulares.
Exhortó a los sectores conscientes de la sociedad a mantenerse en pie de lucha frente a un gobierno del PLD que no respeta su propia Constitución, como demostraron en la aprobación del Presupuesto 2011 en desconocimiento a la Ley Orgánica de Educación, 66-97, y al derecho constitucional a la educación.
