En democracia, el equilibrio de los poderes públicos es fundamental, debido a que estos cumplen con una función vital de contrapeso con la finalidad de evitar que uno se sobreponga sobre el otro, rompiendo de esa manera la esencia democrática en un determinado país.

Desde su fundación, en 1844, República Dominicana adoptó el sistema de división de los poderes y, progresivamente, ha ido creando órganos para fortalecer su funcionamiento. En ese sentido, la Constitución establece en el artículo 4: “El gobierno de la nación es esencialmente civil, republicano, democrático y representativo. Se divide en Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial.

Estos tres poderes son independientes en el ejercicio de sus respectivas funciones. Sus encargados son responsables y no pueden delegar sus atribuciones, las cuales son únicamente las determinadas por esta Constitución y las leyes”.

Naturalmente, esa independencia de funciones no se contrapone a la existencia de una colaboración efectiva de los poderes públicos en los asuntos relativos a los objetivos estratégicos del país; por tanto, ningún interés coyuntural, particular o grupal, puede ser colocado por encima de los del pueblo dominicano.

Sin embargo, en los últimos días han surgido acontecimientos que amenazan con romper ese equilibrio que se remonta al siglo XVIII, cuando en su teoría de la separación de los poderes del Estado, Charles Louis de Secondat, Señor de la Brède y Barón de Montesquieu, sostuvo que la distribución jurídica de las funciones ejecutiva, legislativa y judicial solo podrá limitar el uso arbitrario del poder y salvaguardar la libertad y los derechos de los ciudadanos, si se combina con otro principio basado en su distribución social.

Por esta razón, describe un modelo institucional en el que la diversidad propia de una sociedad estamental se integra formalmente a los poderes del Estado.

Entre esos acontecimientos figuran el hecho de que ante la oposición de la bancada del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y otras fuerzas aliadas coyunturalmente, la Cámara de Diputados aplazó la semana pasada el conocimiento del contrato de préstamo por 90 millones de dólares, suscrito entre el Gobierno dominicano y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la ejecución del Programa Integral de Desarrollo Turístico y Urbano de la Ciudad Colonial de Santo Domingo.

Esto se produjo a pesar de que la comisión de diputados que estudió el contrato había rendido un informe favorable para su aprobación. También estuvo la actitud del Bloque de Diputados de La Fuerza del Pueblo, que lidera el exprecandidato presidencial Leonel Fernández, de rechazar la aprobación del Presupuesto Complementario 2019, advirtiendo que resulta improcedente de someter porque introduce nuevos gastos por un monto de RD$10 mil millones.

La acción de los legisladores que abandonaron el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) para seguir a Fernández pone en peligro la aprobación de otra de las iniciativas solicitadas por el Poder Ejecutivo en orden prioritario.

Las dos cuestiones se corresponden con el interés colectivo del pueblo dominicano. Pero desafortunadamente, motivado a una actitud de interés particular, en este caso de la fragmentación que abandonó el PLD y del PRM, amenaza con impedir el conocimiento de las mismas en la actual coyuntura.

La madurez de las agrupaciones políticas constituye un elemento clave para que cualquier nación de la región avance hacia un verdadero desarrollo sostenible, en medio de un conteniente latinoamericano que vive momentos de incertidumbre que ponen en juego la paz social.