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Uso del suelo: más preguntas que respuestas

Víctor Féliz Solano Por Víctor Féliz Solano
Víctor Féliz Solano
📷 Víctor Féliz Solano

Desde hace un tiempo, he venido observando la confusión que ha generado la Ley 368-22 sobre Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo en la República Dominicana.

Como alguien que sigue de cerca estos temas, veo cómo muchos sectores se preguntan qué significa realmente esta ley y cómo impacta en la vida cotidiana de las personas y en el desarrollo de nuestras ciudades y comunidades.

Uno de los puntos más debatidos es la distribución de competencias entre el Gobierno central y los ayuntamientos. Muchos alcaldes han expresado sus preocupaciones porque no está del todo claro hasta dónde llega su autoridad en la regulación del uso del suelo.

La ley menciona criterios técnicos y directrices generales, pero en la práctica, los funcionarios locales están tratando de descifrar qué pueden hacer sin entrar en conflictos con otras instituciones del Estado.

Esto se convierte en un desafío cuando un inversionista quiere desarrollar un proyecto y no sabe a quién acudir para obtener los permisos necesarios.

Otra cuestión que ha generado incertidumbre es la intervención del Estado en propiedades privadas. Siempre ha sido un tema sensible cuando se habla de la planificación urbana y la gestión del suelo. Nadie quiere sentir que su propiedad está en riesgo por decisiones gubernamentales que no siempre se explican bien.

La falta de claridad en este aspecto ha provocado que algunos sectores teman por la seguridad jurídica de sus inversiones y la estabilidad de los mercados inmobiliarios en ciertas zonas del país.

También hay muchas dudas en torno a cómo se definirán las zonas urbanas y rurales dentro de este nuevo marco legal. Históricamente, ha habido una expansión desordenada de las ciudades, con asentamientos improvisados que después terminan generando problemas en la prestación de servicios públicos.

Si la ley busca ordenar este crecimiento, es clave que las normas sean precisas y aplicables. Si no se define con claridad cómo se manejarán estos procesos, podríamos ver nuevas dificultades en la legalización de viviendas y en la provisión de servicios básicos.

Los desarrolladores y constructores han mostrado interés en entender hasta qué punto esta ley incide en sus proyectos.

Una regulación más clara y efectiva podría abrir oportunidades para nuevos desarrollos urbanos bien planificados.

Sin embargo, si la aplicación de la ley se presta a interpretaciones ambiguas o a trabas burocráticas innecesarias, el resultado podría ser lo contrario: menos inversión, menos construcción y un freno en el crecimiento de las ciudades.

Las comunidades también están tratando de entender cómo esto afectará su día a día. En los barrios y sectores donde el acceso al suelo ha sido un tema de lucha histórica, cualquier cambio en la legislación puede generar incertidumbre.

Si la ley es aplicada sin considerar el contexto social y económico de cada zona, podría terminar beneficiando a algunos mientras deja en el limbo a quienes han estado esperando soluciones habitacionales desde hace años.

Lo ideal sería que este debate lleve a una mayor claridad en la implementación de la ley. Las autoridades tienen la oportunidad de explicar mejor cómo funciona este marco legal y de asegurarse de que quienes tienen que aplicarlo en el día a día puedan hacerlo sin confusiones.

La transparencia en la toma de decisiones y la colaboración entre distintos niveles de gobierno pueden ser la clave para que esta ley cumpla su propósito sin generar más problemas de los que busca solucionar.

Entender el ordenamiento territorial y el uso del suelo no es un tema exclusivo de especialistas. Nos afecta a todos, desde quienes buscan comprar una casa hasta aquellos que dependen del desarrollo de nuevas infraestructuras para mejorar su calidad de vida.

La discusión sobre esta ley debería centrarse en cómo hacer que funcione para la gente y en cómo garantizar que las reglas sean claras, justas y aplicables en la realidad del país.

Si logramos esto, podríamos ver un cambio positivo en la forma en que nuestras ciudades crecen y se desarrollan en los próximos años.

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