Unidad Antifraude y Contrataciones Públicas revelan graves hallazgos en contrato con Dekolor, donde se detectaron pagos fuera de ley, presión judicial y un esquema de cobros manejado por un tercero.
Santo Domingo. – Una red de corrupción estructural habría operado durante años dentro del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intran), usando como fachada el contrato para la expedición de licencias de conducir a través de la empresa Dekolor.
Así lo revelaron la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República y la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).
El director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, y Andreinys Guerrero, responsable de investigaciones de la Unidad Antifraude, explicaron que el contrato fue prorrogado mediante tres adendas, algunas no registradas ante la Contraloría, como exige la Ley 10-07 que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la Contraloría General de la República.
Además, en un entrevista en el Programa El Día confirmaron que un tercero, la empresa Pago RD, se encargaba del cobro del servicio y retención del dinero, en un modelo que calificaron como “fuera del control institucional” y “altamente irregular”.
“Todos los directores del Intran firmaron adendas al contrato con Dekolor, excepto Milton Morrison, quien se negó y enfrentó presiones, chantajes e incluso intentos de soborno”, dijo Pimentel.
El contrato con Dekolor
Carlos Pimentel explicó que el contrato con Dekolor surgió de forma cuestionada y sobrevivió en el tiempo gracias a sucesivas adendas.
“Su legalidad siempre estuvo en entredicho”, dijo.
Señaló que desde su inicio el convenio se caracterizó por múltiples incumplimientos y que todas las gestiones del Intran firmaron prórrogas, salvo Morrison, quien impulsó un nuevo proceso de licitación y fue objeto, según denunció, de intentos de soborno por parte de actores vinculados al negocio.
Ese nuevo proceso, ya cargado en el sistema electrónico de contrataciones, ha sido objeto de recursos judiciales que lo mantienen suspendido por decisión del Tribunal Superior Administrativo.
La DGCP asegura que el pliego de condiciones fue elaborado con criterios técnicos y legales, y que está listo para recibir ofertas apenas se libere la vía judicial.
“Estamos frente a un intento claro de boicot institucional, donde incluso los veedores del proceso están siendo intimados judicialmente”, advirtió Pimentel.
¿Qué pasa si no hay licencias?
Una de las preocupaciones más inmediatas es la posible interrupción del servicio de renovación de licencias. Si el proceso de licitación no concluye a tiempo y no se adjudica un nuevo contrato, el Estado podría enfrentar un vacío operativo.
“Sí, el contrato con Dekolor ya venció. Pero confiamos en que el Tribunal Superior Administrativo actúe con objetividad y legalidad para permitir que el nuevo proceso continúe. El país necesita un servicio transparente y competitivo”, dijo Pimentel.
Auditoría forense
El caso fue investigado a fondo por la Unidad Antifraude de la Contraloría, que realizó una auditoría forense para analizar el comportamiento financiero del contrato.
Andreinys Guerrero explicó que uno de los principales hallazgos fue que varias de las adendas al contrato no fueron registradas en la Contraloría, lo que implica violaciones a la ley y compromete la legalidad de los pagos realizados.
“Si una adenda no está registrada, no debería ejecutarse ni pagarse. Sin embargo, los pagos se realizaron mediante mecanismos alternos, a través de un tercero: Pago RD”, explicó Guerrero.
Según el informe, Pago RD fue integrado al proceso mediante una adenda y operó como intermediario en el cobro de las tarifas por expedición de licencias.
El Estado dominicano, en ciertos momentos, solo recibía el 10 % de los ingresos, mientras que la empresa se quedaba con el 90 %.
En otros momentos, la proporción se invertía, pero siempre sin claridad ni fiscalización directa del Intran sobre los fondos.
“No existía control financiero institucional. Era la empresa la que informaba cuánto había recaudado y cuánto debía entregarle al Estado. Es una situación insólita y sumamente grave”, subrayó Guerrero.
Presión, sobornos y amenazas
La investigación reveló no solo anomalías administrativas y financieras, sino también un entorno de presión y hostigamiento contra quienes se han opuesto a mantener el contrato.
Milton Morrison, último director del Intran, denunció haber recibido una oferta de un millón de dólares y tres millones mensuales durante cinco años para firmar una nueva adenda.
Ante su negativa, aseguró haber sido víctima de acoso judicial y presiones constantes. Incluso, los veedores que participan en el proceso de licitación actual han sido intimidados.
Carlos Pimentel confirmó que Morrison le comunicó la situación y que ambos coincidieron en la decisión de no continuar con las adendas.
“Preferimos quedarnos momentáneamente sin licencias antes que firmar un contrato irregular”, sentenció.
Tanto Guerrero como Pimentel destacaron la colaboración entre la DGCP y la Unidad Antifraude como un modelo exitoso en la detección y procesamiento de casos de corrupción administrativa.
Mientras la dirección de Compras fiscaliza la selección de proveedores y los procesos de licitación, la Contraloría, a través de su unidad investigativa, analiza la ejecución financiera de los contratos.
“El contrato de Dekolor fue detectado cuando estábamos investigando el caso de los semáforos. Ahí nos dimos cuenta de otra línea de irregularidades en las licencias. Son procesos distintos, pero con actores muy similares”, dijo Guerrero.
Además, se reveló que la Unidad Antifraude ha instruido a la Contraloría para que no registre más de 150 contratos mientras concluyen sus investigaciones.
“Esto demuestra la capacidad preventiva y de control que estamos fortaleciendo”, sostuvo.
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Edili Arias
Periodista egresada de la Universidad O&M, apasionada por escribir sobre niñez, salud e historias humanas. Combina su amor por el periodismo con su afición por los deportes. Madre de dos niños, lo que le aporta una perspectiva cercana y sensible en sus reportajes.
