EL DÍA se suma al clamor contra los retrógrados conceptos incluidos en el proyecto de nuevo Código Penal que se discute en el Congreso Nacional, en lo relativo a los delitos de difamación e injuria.
Lo que está en juego es la pura esencia de la democracia.
Cuando se establecen penas de prisión contra quienes cuestionen la conducta de funcionarios públicos de alta jerarquía, como lo propone la pieza legislativa de marras, se propicia la impunidad, se fomenta la autocensura y se le niega al pueblo la facultad de pedir cuentas a quienes les otorgó el mandato de bien administrar la cosa pública.
Mientras el mundo presencia una fuerte corriente a favor de la despenalización del delito de prensa, o sea eliminar la prisión como castigo por la difamación, nuestros legisladores ponderan la posibilidad de apretar aún más dichas sanciones.
Hacemos un llamado sincero y respetuoso a los señores diputados para que no aprueben las nefastas disposiciones que estamos comentando.
Aunque ya el proyecto ha sido aprobado en el Senado y en la primera lectura de la Cámara de Diputados, todavía hay tiempo para detener el error e invitar a vistas públicas para que la ciudadanía tenga también la oportunidad de expresarse en torno a tan trascendental asunto.
