Un grupo de inmigrantes ilegales haitianos tiene casi un mes frente a la sede del Ministerio de Trabajo reclamando la intervención de ese organismo ante la denuncia de que su antiguo patrono aún tiene deudas laborales con ellos.
Este caso pone de manifiesto un problema muy extendido en algunas áreas productivas del país, en las que se utiliza intensamente a haitianos ilegales que, por su misma condición, se sienten desprotegidos, pues desconocen que la legislación laboral y los acuerdos internacionales les amparan, independientemente de su estatus migratorio.
Muchos empresarios, grandes y pequeños, abusan de esa condición y con frecuencia ocurren casos como el que ahora ocupa la atención pública.
El Estado dominicano tiene la obligación de asistir a esos empleados que tienen una disputa para que se imponga la justicia laboral.
Ahora bien, detrás de ese caso hay un problema mucho mayor, pues como revela EL DÍA en su edición de ayer, hay un grave caso de tráfico de seres humanos y de complicidad en los famosos retenes de militares en los accesos a las zonas fronterizas.
Según el relato de los indocumentados que están en vigilia frente a la sede del Ministerio de Trabajo, su antiguo patrono los reclutó en territorio haitiano, los trajo al país de manera ilegal y en cada retén que los paraban los dejaban seguir sin requisar el vehículo.
Las autoridades tienen suficientes elementos para iniciar una investigación sobre un caso que luce mucho mayor que una simple disputa laboral.
La Dirección de Migración tiene otra tarea pendiente.
