La ruptura del orden constitucional en Honduras se produjo en el momento mismo en que un golpe de Estado sacó del poder al presidente Manuel Zelaya. A partir de ese momento todas las decisiones adoptadas por las autoridades de facto son ilegítimas, incluyendo las elecciones de las que surgió la figura de Porfirio Lobo, quien ahora asume impropiamente el título de presidente electo de esa nación centroamericana.
Desde que Manuel Zelaya fue subido a punta de fusil en un avión militar y enviado en pijama a Costa Rica, se interrumpió la institucionalidad.
Por lo tanto, cualquier acto de mediación del presidente de la República Dominicana, Leonel Fernández Reyna, debe partir de no validar una autoridad surgida de forma ilegítima.
Lo que organizaron los golpistas hondureños no pueden calificarse de elecciones legítimas ni democráticas.
El pasado no puede borrarse, pero bien pudiera restablecerse la constitucionalidad en Honduras restituyendo al presidente Manuel Zelaya para que éste permanezca en el poder todo el tiempo que le fue despojado del ejercicio de su cargo y que se vuelvan a celebrar elecciones, pero esta vez organizadas por autoridades legítimas.
Se podrá alegar que su período constitucional entonces terminaría después de la fecha establecida en la Constitución de Honduras, pero por ese daño quienes tienen que pagar son los golpistas.
Cualquier otra salida sería validar el golpe de Estado y sus perversos efectos.
