La semana pasada no fue simplemente la suma de siete días, como suele ocurrir.
Fue, más bien, un momento histórico para ser recordado como un precedente o el inicio de una nueva forma de vivir en democracia.
La sonada estafa de Bahía de las Águilas, mediante la cual se pretendió despojar al Estado de importantes porciones de terreno con vocación turística, ha quedado sin efecto, gracias a los reclamos populares y a la disposición del Presidente de la República para escuchar y atender tales reclamos.
En puridad, el asunto no está finiquitado todavía, pero el anuncio hecho la semana pasada en el sentido de que sea el Poder Judicial el que determine el destino final de las mencionadas tierras y playas, son claros indicios de que, al final, ningún avivato quedará con un puñado de esas tierra en sus bolsillos, en franco detrimento de la nación.
Otro acontecimiento trascendental ocurrido la semana pasada fue la sentencia judicial que declaró inconstitucional cualquier reglamento o actuación que obligue a una persona a dejarse mutilar parte de su cuerpo, aunque sea simplemente la cabellera, mientras se esté en la fase de investigación de un hecho supuestamente delictivo.
Si bien es cierto que el fallo en cuestión se produjo cuando ya el sujeto víctima del abuso había sido pelado a coco, debemos congratularnos porque de ahora en adelante la dignidad humana deberá ser respetada por los carceleros, por lo menos mientras no exista una sentencia condenatoria.
Se trata, pues, de dos actos que constituyen buenas señales de que avanzamos en el terreno institucional.