Ha pasado una semana desde aquella imagen estremecedora que recorrió el país; una enorme columna de humo elevándose sobre el malecón de Santo Domingo después de que un camión tanquero cargado de combustible se accidentara y terminara envuelto en llamas.
Dos personas perdieron la vida. Y aunque el impacto inicial ha comenzado a ceder espacio en la agenda pública, hay una pregunta que todavía merece respuesta: ¿qué hacía ese vehículo circulando a esa hora por una vía sometida a restricciones para vehículos pesados?
La pregunta no es menor, pues desde enero de 2025 existe una disposición conjunta del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y la Alcaldía del Distrito Nacional que restringe la circulación de vehículos de carga por el malecón del Distrito Nacional, precisamente bajo el argumento de prevenir accidentes y proteger vidas. También existen mecanismos de autorización excepcional, sujetos a condiciones y horarios específicos.
Por eso, una semana después, sigue siendo necesario aclarar si ese tanquero tenía permiso para transitar por allí, bajo qué condiciones fue autorizado y, en caso contrario, cómo pudo ingresar y desplazarse por una vía restringida sin ser detenido.
Una cosa es determinar cómo ocurrió el accidente. Otra, muy distinta, explicar por qué ese vehículo estaba allí. La primera respuesta corresponde a la investigación técnica sobre velocidad, condiciones mecánicas, maniobras, señalización, estado de la vía y demás circunstancias que pudieron intervenir en el hecho.
La segunda corresponde a la gestión pública. ¿Quién fiscaliza las restricciones? ¿Cómo se verifican los permisos? ¿Qué controles existen realmente? ¿Son permanentes o dependen de operativos ocasionales? ¿Hay trazabilidad sobre los vehículos pesados que reciben autorización para entrar a determinadas zonas de la ciudad?
Ahí está el fondo del problema, puesto que en nuestro país hemos avanzado bastante en normas, reglamentos, resoluciones, protocolos y anuncios. Nuestra gran debilidad continúa siendo el cumplimiento. Y una norma que no se fiscaliza termina siendo apenas una buena intención escrita.
La ciudad no se organiza con comunicados. Se organiza ejerciendo autoridad. Cuando una vía está restringida, alguien debe hacer cumplir esa restricción. Cuando existe una excepción, alguien debe justificarla, registrarla y supervisarla. Cuando se establecen rutas alternas para vehículos de alto riesgo, alguien debe garantizar que esas rutas sean utilizadas. Eso es gestión.
No podemos seguir administrando la seguridad urbana bajo el esquema de reaccionar después de cada tragedia. Ocurre un accidente y aparecen los operativos. Surge una denuncia y llegan las inspecciones. Pasan algunas semanas y todo vuelve a la normalidad. La prevención funciona exactamente al revés: actuar cuando todavía no ha pasado nada.
El malecón es una de las vías más importantes y concurridas de Santo Domingo. En su entorno existen hoteles, viviendas, restaurantes, espacios recreativos y una circulación permanente de vehículos y peatones. Un camión cargado con miles de galones de combustible representa un riesgo que exige controles extraordinarios.
Lo ocurrido el 17 de agosto pudo haber tenido consecuencias todavía mayores. Por eso, una semana después, la ciudadanía merece conocer los resultados de la investigación y, especialmente, la respuesta a la pregunta más sencilla de todas: ¿ese tanquero podía estar ahí?
Si estaba autorizado, que se explique quién lo autorizó, bajo qué fundamento y en qué condiciones. Si no estaba autorizado, entonces habrá que explicar cómo fallaron los controles. Esa respuesta no puede perderse entre titulares, silencios y el paso del tiempo.
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