Según el Ministerio de Educación, una iniciativa del ministro Luis Miguel de Camps dirigida a la regulación del uso en las aulas de los denominados “teléfonos celulares” ha encontrado respaldo en el sistema educativo.
Este respaldo se ha hecho evidente, de acuerdo con Educación, en estudios y consultas impulsados por esta institución y entidades externas.
Las posibilidades abiertas por estas tecnologías, puestas al alcance de usuarios de todas las edades, exigen una voluntad atemperada y una cierta capacidad para el criterio.Pero
ocurre que el juego, o la diversión si se prefiere, es una inclinación humana muy marcada en la niñez y la adolescencia, por lo que cualquiera de estos aparatos en manos de estudiantes sirve más como elemento de distracción que para la búsqueda de información pertinente.
De acuerdo con Educación, las consultas siguen activas para que docentes, directores, estudiantes, madres y padres puedan opinar y aportar al fortalecimiento de esta propuesta.
Y está muy bien que lo hagan, porque en los hogares un niño o un adolescente puede disponer de uno de estos teléfonos, y cualquiera sabe que los usan para compartir con amigos o involucrarse en juegos o redes sociales.
Si estas prácticas llegan a las aulas preuniversitarias es fácil suponer la imposibilidad de cualquier profesor para evitar la distracción de los estudiantes y cumplir con los objetivos de la asignatura.
Tal vez en otros países sea posible dejar estos aparatos a la libre en manos de los estudiantes mientras un instructor se empeña en cumplir con su deber, pero entre nosotros esto debe ser, definitivamente, contraproducente.
Lo mejor, como ha propuesto el ministro De Camps, es la regulación, para bien de la escuela, un mejor aprovechamiento de los estudiantes y acaso la incorporación en su momento de tecnologías de estos tiempos como herramientas de enseñanza y aprendizajes.
