Frederich E. Bergés
A finales del mes pasado el presidente de la República de Uruguay, Luis Lacalle Pou, presentó a los líderes de la coalición de gobierno que preside, un anteproyecto de ley de reforma del Sistema de Seguridad Social vigente en dicho país.
Uruguay, el segundo país más pequeño de América del Sur y con una población de cerca de 3.5 millones, tiene una larga tradición en la seguridad social que data del 1896.
Los objetivos básicos que motivaron el referido proyecto fueron el desempeño del actual Sistema de Seguridad Social, su capacidad de dar una adecuada cobertura a la población, la suficiencia de sus prestaciones y la sostenibilidad de este.
Otra ponderación importante fue la unificación de la elevada fragmentación del Sistema de Seguridad Social vigente, algo parecido a lo que ocurre en nuestro país.
Los principales aspectos de la reforma propuesta son mejorar el sistema mixto compuesto por uno de reparto solidario básico, a cargo del Estado y otro de capitalización individual; establecer el aumento de la edad mínima de retiro de 60 a 65 años con ajustes automáticos en función de la evolución de la esperanza de vida; la convergencia de los regímenes jubilatorios y la creación de un “complemento solidario” para las jubilaciones más bajitas, entre otras disposiciones.
Los cambios propuestos se iniciarán a partir del 1.º de enero de 2027 y se incrementará gradualmente hasta 2035. Para quienes hayan configurado obtener sus jubilaciones antes del 31 de diciembre de 2026, se aplicará el régimen actual.
Todos los pensionados podrán preservar su derecho de seguir trabajando luego de retirarse y se establecen incentivos para la creación de ahorros adicionales para que el trabajador pueda mejorar su pensión futura.
Lejos de caer en la trampa tendida por los detractores de su actual sistema en procura de popularidades o imposición de sus filosofías políticas, el Uruguay ejecutó un proceso ponderado con la finalidad de mejorar las futuras pensiones. Algo similar a lo que debe ocurrir en nuestro país.
