El hecho en el que cinco personas murieron el viernes pasado en La Barranquita, Santiago, de manos de la Policía, se suma a una larga e histórica lista de desafortunadas actuaciones que profundizan la imagen de deterioro que acusa la institución llamada a resguardar el orden público en el país.
Lo escandaloso del acontecimiento, que ha generado reacciones de condena de comunitarios y de familiares de por lo menos uno de los caídos en el incidente, al considerar que no se trataba de un delincuente como informaron las autoridades; ha obligado al Gobierno a disponer la suspensión inmediata de los agentes que ultimaron a los hombres.
La Policía, como le es típico, no tardó en informar que los fallecidos formaban parte de una organización criminal.
La Procuraduría General de la República, apoderada de la investigación del hecho, tendrá que actuar con altos niveles de transparencia y de prudencia para que la sociedad dominicana valide los resultados que la misma arroje, los cuales deben estar disponibles en un tiempo relativamente breve.
En una parte de la población existen dudas razonables acerca de la parcialidad de la más alta jerarquía del órgano persecutor hacia la esfera oficial, a partir del comportamiento exhibido ante la judicialización de la política con miras a perjudicar a un segmento, previamente seleccionado por los mandos de poder, de la oposición política.
Las muertes de esos ciudadanos en Santiago no pueden ser analizadas de manera aislada, sino en el orden de su verdadero significado, que no es otro que una muestra más del fracaso de la reforma policial iniciada por la administración que encabeza el presidente Luis Abinader hace más de cinco años.
La referida reforma, además de ineficiente, ha sido cara y opaca. El día que se conozca su costo podría estremecer a la sociedad dominicana, que incluye sumas hasta ahora desconocidas por la opinión pública a asesores extranjeros.
En correspondencia a la transparencia que afirma ciñe sus actuaciones, el Gobierno debería publicar un informe detallado que contenga la inversión en recursos económicos frente a los avances logrados en materia de seguridad ciudadana.
“Manos invisibles” parecen hacer la función de titiriteros en la reforma policial. Más de un lustro después de la puesta en marcha, no queda otro camino que arribar a la conclusión de lo que se ha hecho es ensayar, ensayos que, por supuesto, no han dado resultados para beneficio del pueblo dominicano.
Sabemos que República Dominicana no escapa al fenómeno migratorio y los cambios económicos, políticos, sociales y demográficos, todos interconectados con el indetenible avance tecnológico, de implicaciones globales, que separan el hoy del ayer; realidad que obliga a colocar la seguridad ciudadana en un plano de prioridad. Y esa misma razón obliga a las autoridades ser eficaces en la vialibilización de las políticas públicas encaminadas a garantizar las mismas eficientemente.
Los medios de comunicación tradicionales, no así las redes sociales y otras plataformas digitales, suelen ser indulgentes respecto a los niveles de inseguridad en el país.
La delincuencia, expresada en actos de raterismos, se ha adueñado de los sectores marginados de las grandes demarcaciones del territorio nacional, especialmente en el horario nocturno; situación de la cual no es ajena nuestra Policía Nacional, ni el propio Ministerio Público.
Las autoridades de la esfera gubernamental deben ser conscientes de que en materia de nacional no caben los ensayos, en vista de que el precio a pagar por la sociedad sería alto ante los errores de laboratorios kakistocráticos.
Ha llegado el momento de ser más transparentes con la reforma policial.
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