La reforma policial ha vuelto a estar en el foco del interés público en estos días, como las estrellas fugaces, a propósito del caso José Vila del Castillo, un español comisionado ejecutivo para la implementación de los planes, estrategias y políticas de transformación y profesionalización de este cuerpo del orden.
Había sido presentado en los primeros días de febrero del año 2022 ante los directores regionales y centrales. En la ocasión se informó que su función era coordinar e impulsar las iniciativas dirigidas al proceso de transformación y modernización de la Policía.
Venía, de acuerdo con lo dicho entonces, de prestar sus servicios para la mejora o reforma de cuerpos policiales en otros países.
Hasta el pasado lunes, cuando el presidente Luis Abinader respondió una pregunta sobre este caso particular, en los corrillos de redes y de pasillos se daba por hecho la salida del señor Vila del Castillo por dificultades para llevar adelante los planes que como comisionado había tratado de aplicar para la modernización y cambio de la Policía Nacional. Este, de acuerdo con la respuesta del mandatario, no es el caso.
El comisionado Vila del Castillo, declaró el presidente, había sido contratado por dos años y este período había concluido.
Dejó entrever, sin embargo, la posibilidad de un acuerdo para la prestación de sus servicios o la contratación de otra persona para la función de comisionado con el mismo propósito.
Los planes de reforma policial, dijo el presidente, no serán afectados por la salida del señor Vila del Castillo. “La reforma policial no la para nadie”, afirmó en su respuesta en la presentación que realiza los lunes ante periodistas y comunicadores.
La reforma policial es una necesidad, pero no cabe duda de que esta debe ser parte de un proceso, no un hecho mágico salido de una lámpara que al frotarla provoca la satisfacción de un deseo.
La iniciativa no debe ser abandonada.
