El gobierno del presidente Luis Abinader, presionado en gran parte por un entorno económico internacional coyunturalmente hostil, ha decidido someter a consideración del Congreso Nacional una reforma fiscal en República Dominicana que busca recaudar entre RD$40,000 y RD$50,000 millones de pesos adicionales; suma bastante alejada de lo que requiere para atender adecuadamente la demanda presupuestaria del país.
Nadie duda que en los próximos días la mayoría del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en el Senado y la Cámara de Diputados aprobará la iniciativa del Poder Ejecutivo; esta vez sin la retórica que caracteriza a las autoridades gubernamentales, conscientes de que los recursos económicos que aportará no servirán para mucho en un momento en que la inflación emerge como un enemigo peligroso a corto y mediano plazo.
Aunque el gobierno intentó construir un relato favorable previo a la aprobación de la reforma fiscal, no parece que lo logrará en esta ocasión. El expresidente Leonel Fernández, líder de la Fuerza del Pueblo, ha adelantado su rechazo; y se espera que el también opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD) haga lo propio este lunes. El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) ha dado un apoyo diplomático, con algunos reparos al proyecto. Al ministro Magín Díaz, de Hacienda y Economía, le ha correspondido el encargo de vender el relato al que huye el presidente Abinader.
El proyecto introduce aumentos y nuevos gravámenes, como el incremento del Impuesto Sobre la Renta del 27 al 30 % para grandes empresas, nuevos impuestos a vapeadores, mayor carga impositiva en juegos de azar y US$10 más para los boletos aéreos internacionales. Además, elimina los anticipos a microempresas, reduce los pagos de estos a pequeñas empresas, incrementa las deducciones por gastos educativos y eleva el umbral mínimo exento de los asalariados.
La retórica oficialista va encaminada a persuadir a la clase media baja y a los pobres de que la propuesta les favorecerá, propósito que quizás no consiga, a juzgar por las reacciones que han visto en la opinión pública, sobre todo en redes sociales. En el caso de los medios de comunicación tradicionales se ha observado una especie de eclecticismo, aunque varios ejecutivos periodísticos se tomaron con el presidente Abinader el café de la retórica oficial.
Durante los últimos seis años, la clase media baja y los pobres en República Dominicana no se han beneficiado de las riquezas nacionales en la misma manera que los de segmentos poblacionales más altos y, por el contrario, han tenido que pagar los platos rotos de la crisis económica, ahora con perspectivas globales.
La existencia de una clase media amplia resulta un indicativo positivo, porque implica, casi siempre, la evidencia de que se ha producido una reducción de la pobreza. En el caso dominicano, los años consecutivos de crecimiento económico, sobre todo a partir del 2005, propiciaron una ampliación de ese segmento. Sin embargo, en la actualidad se encuentra en apuros y sin perspectivas claras sobre qué sucederá en los próximos años.
Las alzas constantes en los precios de los productos de primera necesidad, de los materiales de construcción y de los gastos escolares, sumado ahora a los combustibles y los pasajes aéreos le han puesto la "piña agria" a la clase media dominicana.
Existe una expresión popular dominicana que reza que más vale la sal que el chivo, para referir que algo no valió la pena; y ese parece que será el caso de la reforma fiscal que cursa ya en el Senado de la República.
