Nuestra Policía Nacional tiene bastante trabajo con ocuparse del orden público y con ser, más que auxiliar, investigadora en sí de infracciones y sucesos de todos los niveles en una población de más de diez millones de habitantes.
Esta carga, que no es pequeña, se vuelve complicada cuando ante un caso da por sentado que tiene la solución y les da tratamiento de convictos a investigados que no son más que sospechosos.
Por fundadas que sean las sospechas, mientras el trabajo de los investigadores no ha pasado el cedazo de la justicia, los sospechosos no pierden su condición y es como deben ser tratados en la instancia policial y del Ministerio Público.
Ello a propósito de la ausencia de Liz María, una niña de 9 años, vista por última vez el domingo en el vecindario del Ensanche Isabelita de Santo Domingo Este, donde viven sus padres. La búsqueda y la sospecha de que uno de los vecinos puede tener algo que ver ha perturbado el ánimo de la población, y de los vecinos, que tras una declaración de la Policía procedieron a destruir objetos y a incursionar en la vivienda del sospechoso.
El peso muerto que representaba una frase proverbial de la que solían echar mano los abogados, “sin cadáver no hay homicidio” o, “sin cuerpo no hay delito”, ha sido enterrada por la jurisprudencia, internacional y nacional. Pero esto sí, al precio de un trabajo técnico a prueba de tachuelas jurídicas y de abogados astutos.
En ausencia del cadáver el trabajo de los investigadores es sumamente arduo y técnico, pero la propia comunidad lo perjudica cuando quema una moto e incursiona en la vivienda del presunto homicida y violador. De momento no se cuenta más que con sus palabras, de las que ya ha empezado a alejarse y a decir que no quería que lo maltrataran.
La Policía tiene que ser en esto previsora en la protección de la “escena” de una infracción y las comunidades tienen que ir alejándose de ese comportamiento primitivo.
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