La cantidad de personas que asistió ayer a la denominada “Marcha contra la corrupción y la impunidad” es un dato irrelevante frente al fuerte mensaje que una gran parte de la sociedad dominicana quiso enviarle a la clase política.
En las calles, plazas comerciales, restaurantes, templos religiosos y donde quiera que había concentración de gente era notoria la presencia de personas vestidas de verde.
Antes de que se diera el primer paso, la marcha había logrado un objetivo importante: despertar un sentimiento de indignación.
También es innegable que desde el Poder Ejecutivo se recibió e interpretó el mensaje aún antes de que se realizara la actividad.
El Ministerio Público ha mostrado dinamismo en la conducción del proceso de investigación por el caso de la admitida entrega de sobornos por parte de la empresa brasileña Odebrecht para obtener contratos de obras estatales.
Es justo reconocer que ha actuado conforme a lo que establece el debido proceso, logrando avances tangibles. Pero aún falta mucho más.
No resulta suficiente con que se identifique y sancione a los sobornadores. El caso Odebrecht pone de manifiesto un entramado de sobornos que no se limita a funcionarios o exfuncionarios del Poder Ejecutivo, sino que permea el Congreso Nacional y a los partidos políticos que recibían contribuciones a sabiendas del origen de esos fondos.
Tenemos una buena oportunidad de enderezar algunos entuertos, aprovechémosla sin prejuicios.
