La infiltración del crimen organizado en las instituciones llamadas a combatirlo no es un fenómeno nuevo ni exclusivo de un país en particular, porque ese ha sido y será parte de su modus operandi.
Eso han hecho desde siempre los narcotraficantes. Lógicamente, su principal objetivo ha sido las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Control de Drogas, el Ministerio Público y la judicatura. En cada instancia han logrado penetrar y atraerse para el lado oscuro a miembros de todos los niveles de esas instituciones.
Pero reconforta saber que ahora los miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas, a los que se les comprueba complicidad con el narcotráfico, son separados de ese organismo, cancelados de las instituciones a las que pertenecen y sometidos a la acción de la Justicia.
En los últimos meses se han registrado casos de agentes que aprovechando su investidura y hasta la confianza de sus superiores se han asociado con los delincuentes a los que están llamados a combatir.
Complace que el propio jefe de la DNCD, mayor general Rolando Rosado Mateo, le esté dando el frente a esa situación, no haya intentado ocultarla y que, por el contrario, haya procedido a desenmascararlos y promover su sometimiento a la Justicia.
Todos los agentes de ese organismo deben leer con claridad el mensaje. La imposición de un régimen de consecuencias constituye el mejor antídoto contra las acciones delictivas.
Por lo tanto, el sometimiento de esos traidores a su misión no empaña la imagen de la institución, sino la de los infractores mismos. Por el contrario, contribuye a generar confianza saber que los agentes que se asocian al bajo mundo reciben el castigo de lugar.
Muchas cosas se hubieran evitado si esa fuera la norma todo el tiempo en todas las instituciones.
