Durante mucho tiempo las relaciones de los suplidores de servicios al Estado han vivido con la incertidumbre de cuándo cobrarán lo adeudado, cómo se harán para conseguir el cumplimiento de lo acordado y cuánto dinero tendrán que apartarle a alguien que ayude a mover los procesos en la administración de la que se trate.
Es difícil, alrededor de esta realidad, establecer qué es leyenda y cuáles afirmaciones pueden ser confirmadas. Pero las hay de todos los tiempos y de todos los gobiernos.
Igual son abundantes las afirmaciones sobre personas que contratan con el Estado, comprometen su patrimonio y quedan colgados durante largos períodos, o para siempre, en un cambio de administración.
En septiembre de 2015 la opinión pública fue sacudida por el suicidio en OISOE del arquitecto David Rodríguez García, acosado por acreedores a quienes habría acudido para financiar la remodelación de una escuela.
A los altos niveles de incertidumbre que acompañan a quienes contratan con el Estado se espera ponerles fin desde el Gobierno central con el establecimiento de la plataforma Infopago, presentada como una herramienta para transparentar y agilizar los pagos a los proveedores.
El presidente Luis Abinader afirmó en la ocasión que esta iniciativa es mucho más que una herramienta digital. Según sus palabras, es un compromiso de su gobierno con la transparencia.
Ojalá y desde el Estado, desde todas las instancias del Gobierno, pueda ser establecida una confianza que nunca ha existido entre los suplidores de cara a las administraciones.
Y si esto ha de ser conseguido con la mediación de una herramienta tecnológica de estos tiempos, bienvenida sea.
