Franklin Puello 
Franklin Puello
Entre las propuestas presentadas por el Poder Ejecutivo para discusión en el seno del Consejo Económico y Social se insiste sobre la independencia del Ministerio Público o de la Procuraduría General de la República.
Otras iniciativas que también serán analizadas por los representantes de los sectores gubernamental, laboral, social y empresarial podrían tener mucho impacto en la consolidación del sistema democrático y de la institucionalidad, siempre y cuando exista una descontaminación de los intereses político-partidarios.
Es decir, cuando no se esconden propósitos que en nada contribuyan a la paz colectiva a la que aspira la sociedad dominicana, lo que se lograría si el liderazgo nacional materializa que una persona sin ninguna atadura al Estado, al sector empresarial y los partidos políticos pueda asumir el compromiso de salvaguardar el sistema jurídico y actuar dentro del marco legal, sin presiones de grupos ajenos a los verdaderos intereses del país.
Como lo está el presidente Luis Abinader, me inscribo entre los ciudadanos que aspiran a que el país tenga un Fiscal General, ministro de Justicia o procurador general que sea designado por un órgano despolitizado por el periodo de seis años que recomienda el Poder Ejecutivo en su propuesta de reforma de la Constitución que discutirá el Consejo Económico y Social.
La actuación de la actual procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, ha venido a demostrar que ciertamente en el país existe la madurez necesaria para que un funcionario de su estatura moral y trayectoria política pueda desempeñar el cargo dentro de un marco de respeto jurídico e institucional, solo medido su proceder por la vara de la ley y bajo el cuestionamiento público.
El respeto a la ley debe ser preservado y fortalecido sin importar el sector que incurra en violación del marco constitucional y de los valores que encarna nuestra sociedad, lo que pudiera materializarse si el liderazgo político, social y empresarial asume el compromiso de consolidar el orden institucional y moral del país.
